El Archivo de la Corona, las competencias compartidas sobre el Ebro y hasta la financiación autonómica están pendientes del Tribunal Constitucional. Aunque todo el debate sobre la sentencia de este Alto Tribunal se está centrando en si se permite o no que sea calificada esa Comunidad como nación, Aragón y otras autonomías tienen también bastante en juego. El Ejecutivo aragonés decidió recurrir solo el apartado de patrimonio (el 'Estatut' se apropia de una parte fundamental del Archivo de la Corona de Aragón). Pero aunque este sea el asunto que más directamente se veía obligado a defender, otras Autonomías vecinas llegaron más lejos y cuestionaron ante el Constitucional tanto el privilegio financiero que supone esa norma para Cataluña como su apartado hídrico.

Respecto al Archivo de la Corona, lo que está en juego con la sentencia del Tribunal Constitucional es su unidad. En este sentido, el Congreso de los Diputados dio vía libre en la aprobación del Estatuto de Cataluña a que esa Comunidad se quedase con los documentos del Archivo Real de la antigua Corona que considerase exclusivos de Cataluña. Con su recurso, la DGA confía en evitar este expolio que además rompería la unidad del archivo. Fuentes del Ejecutivo aragonés explican que "cualquier extracción de fondos del Archivo de la Corona que hiciese Cataluña porque los considerase propios limitaría las competencias de Aragón", de ahí que se recurriese para evitarlo. Todo indica que en este punto la sentencia podría ser interpretativa. Es decir, no se declararía inconstitucional el artículo sino que se limitaría su eficacia.

Es comprensible que Aragón no recurriese su apartado hídrico, especialmente porque el artículo que más ha sido criticado lo incorporó posteriormente el Estatuto aragonés. En concreto, se trata de la necesidad de que el Gobierno central solicite un "informe preceptivo" cada vez que alguien quiera trasvasar agua del Ebro. En este punto, hay que tener en cuenta por tanto que lo que diga la sentencia del Constitucional será aplicable también al Estatuto aragonés.

El apartado financiero también generó críticas desde otras autonomías. El Estatuto obliga a que el 18,8% del dinero que el Gobierno central invierte en todas las Autonomías vaya exclusivamente a Cataluña. Aunque Aragón es directa perjudicada (entre otros motivos porque cuando planteó al Gobierno central que su Estatuto tuviese una cláusula igual de explícita, éste se negó), optó por no recurrir esa disposición del "Estatut".