Cada vez hay más deudas que pagar y más instituciones aragonesas implicadas. El Ministerio de Economía y Hacienda ha previsto exigir oficialmente al Gobierno de Aragón, a los ayuntamientos de las tres capitales y a las tres diputaciones provinciales el pago de más de 1.100 millones de euros. A la exigencia inicial hecha al Ejecutivo autonómico (el pasado martes, Hacienda hizo público que reclama a la DGA unos 900 millones por la caída de recaudación en 2008 y 2009), el Gobierno central solicita ahora 88 millones a las diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel, y más de 100 millones a sus capitales. Si la vicepresidenta económica, Elena Salgado, no flexibiliza su postura, supondrá hipotecar toda la inversión pública aragonesa hasta 2016, año para el que el Gobierno espera que todas las instituciones hayan devuelto el cien por cien de lo reclamado.

La petición de devolución por la caída de ingresos durante 2008 y 2009 también afecta a otros ayuntamientos de la Comunidad, como por ejemplo Calatayud y Tauste, pero ya con cifras de menor entidad. Por lo demás, si no hay variaciones en la actitud del Gobierno central, es posible que el próximo año la deuda se incremente (aunque en mucho menor medida), una vez se conozca la liquidación del sistema de financiación del año 2010.

El alcance de las reclamaciones es muy desigual. De los 1.114 millones, entre 892 y 921 (la cifra oscila en ese rango, pero las fuentes difieren sobre su concreción) corresponden a la DGA. A partir de ahí, las instituciones con más deudas pendientes con el Estado son, por este orden, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de esta provincia, la de Huesca, la de Teruel, el Ayuntamiento oscense y el de la capital turolense.

Pese a la disparidad de las cifras de las diferentes instituciones, en todos los casos tiene una misma consecuencia: en caso de que se mantenga el sistema de pago que plantea el Ministerio de Economía, ninguna institución aragonesa tendrá en la práctica capacidad real de inversión durante los próximos años. Esta situación se valora como asumible desde ámbitos del Gobierno central, aunque las instituciones afectadas no comparten el planteamiento.

El Gobierno central ha establecido para todos el mismo mecanismo de pago respecto a los plazos. Quedan más dudas sobre si la flexibilidad en la fórmula (la mitad se puede pagar a través de créditos ICO) se limita solo a la DGA o podrán acceder a ella el resto de instituciones de la Comunidad.

Deudas que no se compensan

La reclamación de más de 1.000 millones a Aragón podría tener una solución sencilla si se pudiese aplicar el Estatuto. La norma aragonesa establece la posibilidad de que el Gobierno central transfiera a Aragón el dinero presupuestado para la Comunidad pero finalmente no invertido. Si se atendiese este precepto, los 1.000 millones que por un lado reclama el Gobierno central a las instituciones podría recibirlo la DGA de la Administración del Estado en concepto de inversión aprobadas y no ejecutadas. De esta manera, se compensaría la deuda que ahora exige el Gobierno central a Aragón con las que el primero tiene con la Comunidad.

Este planteamiento también lo han propuesto otras Comunidades, como Galicia. Sin embargo, desde el Gobierno central han sido taxativos y dejan claro que no hay margen para fórmulas diferentes a la impuesta por el Ministerio de Economía y Hacienda.

En el caso específico de Aragón, está además el antecedente del peculiar método con el que se solventó la deuda tributaria. En ese caso, el Gobierno central reconoció una deuda con Aragón de más de 700 millones de euros. La DGA aceptó no cobrarla en efectivo sino que la dio por compensada con el traspaso de unos terrenos y Expoagua, sociedad que solo acumula pérdidas. Aunque la DGA no lo ha solicitado al Gobierno central, parece descartado que el Ministerio de Economía y Hacienda aceptase compensar los más de 1.000 millones de deuda que reclama ahora con los edificios que en su momento transfirió a cuenta de la deuda tributaria.