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Aragón

INFRAESTRUCTURAS

El Estado reclama ahora 300.000 euros a la DGA por cederle la estación de Canfranc

Obras Públicas pactó con Fomento hace seis años que la entrega sería gratuita.Negocia el pago mediante suelo o pisos del futuro desarrollo del entorno de la terminal.

La terminal está pendiente de la tercera fase de rehabilitación.
El Estado reclama ahora 300.000 euros a la DGA por cederle la estación de Canfranc
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El Estado reclama el cobro de 300.000 euros por ceder la titularidad de la estación de Canfranc al Gobierno de Aragón. Aunque su entrega gratuita estaba recogida en el convenio firmado en su día para el desarrollo urbanístico de los suelos ferroviarios, los responsables de Patrimonio consideran que al edificio se le debe fijar un precio, aunque sea de carácter simbólico.

Fuentes de la negociación indicaron que los representantes del Estado defendieron que la percepción aún era más obligada cuando se planteaban usos terciarios, con la conversión de la terminal en un hotel de lujo.

El consejero de Obras Públicas, el socialista Alfonso Vicente, señaló a este diario que no invertirán ni un euro más en el acondicionamiento de la estación mientras no sean sus legítimos propietarios. En este sentido, manifestó que negocian con el Gobierno la posibilidad de pagar los 300.000 euros requeridos a cuenta del futuro desarrollo de los suelos ferroviarios. La fórmula planteada pasa por entregar una parte de los terrenos o de los pisos correspondientes a la DGA. «Es un tema ajeno al secretario de Estado de Infraestructuras, que es favorable a la cesión de las instalaciones. Patrimonio pretende compensar un valor que tiene la estación», añadió.

Un acuerdo firmado en 2005

El convenio suscrito en octubre de 2005 entre el Ministerio de Fomento, el ADIF, el Consorcio Urbanístico Canfranc 2000, la DGA y Suelo y Vivienda de Aragón comprometía la cesión «gratuita» a la Comunidad Autónoma de la propiedad de la estación internacional. Casi cinco años y medio después, las instituciones siguen enfrascadas en la discusión sobre la cuestión.

Mientras tanto, la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón ha acometido por encomiendas las dos primeras fases de rehabilitación de la terminal, en la que se han invertido casi ocho millones de euros para evitar que se cayera ante su evidente deterioro como consecuencia de su abandono y cierre.

La pretensión era rematar la rehabilitación con una tercera y última fase, consistente en la creación de una galería subterránea de servicios a lo largo del edificio que sirviera al futuro operador hotelero. Su coste se estimó en trece millones, pero los socios institucionales del consorcio decidieron paralizarla ante la crisis económicas y la imposibilidad de obtener plusvalías con el desarrollo y enajenación de los terrenos ferroviarios.

El consejero de Obras Públicas defendió en las Cortes la posibilidad de hacer un mínimo acondicionamiento del vestíbulo y de unas salas adyacentes para que el municipio altoaragonés pudiera sacar partido a la estación internacional.

Alfonso Vicente indicó que su voluntad política es desatascar el bloqueo antes de las elecciones, pero dejó muy claro que el Gobierno de Aragón no desembolsará los cerca de tres millones de euros necesarios mientras no disponga de la titularidad. No obstante, el consejero confía en que las negociaciones se resuelvan en un breve plazo de tiempo para hacer realidad, aunque solo sea en parte, el sueño de reabrir la terminal.

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