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El Ejecutivo central calla y el PP le acusa de llevar a los municipios a la bancarrota

El vicepresidente Chaves decidió no comparecer pese a que se había anunciado lo contrario. El presidente de la FEMP pide que se tomen "las decisiones necesarias, por duras que sean".

Pedro Castro (izda.) se reunió ayer con Manuel Chaves para conocer los motivos de la decisión del Ejecutivo.
El Ejecutivo central calla y el PP le acusa de llevar a los municipios a la bancarrota
EFE

Madrid. Contra pronóstico y contra la propia convocatoria hecha horas antes por la Vicepresidencia Tercera, el Gobierno central eludió ayer pronunciarse sobre la decisión de cortar de forma drástica el acceso de los Ayuntamientos a la deuda a largo plazo. Pero aunque el vicepresidente Manuel Chaves -que ayer por la tarde se reunió de urgencia con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro- calló, el PP sí se pronunció, y además de forma muy severa. "La falta de diálogo, previsión y planificación del Gobierno lleva a la bancarrota al conjunto de los Ayuntamientos", denunció el responsable de política local del PP nacional, Juan Manuel Moreno.

Los populares lamentaron que esta decisión, además de generar "una gran alarma", pone "en riesgo los servicios sociales que prestan los municipios a millones de ciudadanos". Los populares además denunciaron que hayan ocultado esta medida hasta el mismo día de publicación en el Boletín Oficial del Estado y que se haya rechazado negociar con la FEMP.

Precisamente para intentar arreglar esta circunstancia, Chaves convocó a su despacho a última hora de ayer al presidente de la federación municipal, el alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, que tuvo que asumir el papel de marcar públicamente una posición tras la negativa de Chaves a comparecer. En cualquier caso, Castro rechazó de momento posicionarse sobre si la FEMP apoya el decreto o lo rechaza hasta que se celebre hoy una reunión extraordinaria de la ejecutiva de la federación, que deberá analizar el impacto de las medidas y, además, discutir sobre la conveniencia o no de solicitar a todos los alcaldes de España que se bajen sus salarios.

Pero aunque Castro no entró en el fondo del decreto (ni habló sobre las consecuencias que tendrá en los Ayuntamientos no poder acceder a ese dinero ni sobre la obligación de dedicar a compensar la deuda aún viva lo que ahorren con el personal), sí instó al Gobierno "a gobernar y a tomar las decisiones que considere necesarias, por duras que sean". Castro, que es un alto dirigente del PSOE madrileño, insistió varias veces en la idea de que el Gobierno debería asumir más actuaciones duras, lo que ayer algunos interpretaron con que aún habrá más sorpresas. En este sentido, insistió en pedir a José Luis Rodríguez Zapatero "que gestione este país y que tome las medidas que tenga que tomar y que las explique posteriormente".

Castro, ante la falta de explicación que de momento había sobre esta medida, comentó que se celebraría un segundo encuentro entre la FEMP y el vicepresidente Chaves, en el que ya tratarían los efectos del decreto y analizarían la forma en que se ejecutará. "Tenemos el compromiso de una nueva reunión", aseguró el líder de la federación municipal

Castro planteó que el objetivo que tiene el Gobierno con el decreto en su conjunto es "animar la economía y generar empleo". Además, explicó que esa norma busca "la solidaridad de los que trabajan con los que no trabajan", en referencia al recorte salarial de los empleados públicos.

"Sentido de Estado"

Por otra parte, Castro -que en ese momento ya conocía las declaraciones hechas por el portavoz de política local del PP- pidió "a la oposición que tenga sentido de Estado". El presidente de los alcaldes instó a los populares a que "pongan por delante los intereses del país y de los ciudadanos y que se sitúen por encima de las actuaciones partidistas" ante la situación económica existente.

Una de las críticas del PP que no han gustado al PSOE es considerar que cerrar ahora el grifo a los municipios es "una contradicción" con el llamado Plan E, que este año cuenta con 5.000 millones de euros para que los Ayuntamientos hagan obras no incluidas inicialmente en sus presupuestos. "Queda claro que el Ejecutivo socialista va de desatino en desatino, aprobando medidas improvisadas, que son consecuencia de una política carente de visión de futuro y que generan inestabilidad y desconfianza", denunció Moreno.

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