El Ejecutivo abre este mes la negociación para reformar la financiación autonómica

El Gobierno central citará en las próximas semanas a las 17 comunidades autónomas para iniciar formalmente la negociación del próximo sistema de financiación autonómica. El vicepresidente Pedro Solbes, quien ayer aseguró que confía en lograr un acuerdo antes de septiembre, aseguró que con el nuevo sistema ninguna comunidad "perderá" dinero. Otra cuestión es cuánto se ganará y cuál de todas será la más beneficiada. De momento, comunidades como Cataluña, Baleares y Valencia ya han dejado clara su postura, que en el fondo se resume en que quien más aporte, más reciba.

Aragón por su parte está en un terreno neutro, ya que aunque no le satisfacen plenamente los planteamientos de autonomías como Cataluña, tampoco le cuadran los de las comunidades menos ricas, como Extremadura o Andalucía. Lo que sí está claro es que, aunque haya acuerdos bilaterales, el consejero de Aragón, Alberto Larraz, exigirá que cualquier propuesta sea "generalizable" a todas las comunidades autónomas. Y para conseguirlo, solo hay un órgano posible de negociación: el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según han señalado desde el Ministerio de Economía y Hacienda, en este mes se convocará ya su primera reunión para buscar el acuerdo.

El Ejecutivo aragonés tendrá en el Estatuto de Aragón la principal pieza para defender que la Autonomía salga mejor parada que en el sistema actual y que no se impongan los planteamientos de las comunidades que actualmente marcan la agenda autonómica del Gobierno central.

En concreto, el Estatuto obliga al Gobierno central a establecer cierta relación bilateral en la financiación estatal que reciba Aragón. Así lo dicen diferentes disposiciones estatutarias a las que el Gobierno central dio en su momento el visto bueno.

Igual que el consejero Larraz, el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, también ha cuestionado que algunas comunidades (Cataluña) pretendan forzar un acuerdo bilateral previo y condicionante al sistema de financiación del resto de las comunidades.

Además, se ha pronunciado el portavoz del PAR en las Cortes, Javier Allué, quien advirtió en referencia a los pronunciamientos de políticos catalanes que "si otros pretenden resolverlo bilateralmente, Aragón también tiene mecanismos en su Estatuto para hacerlo". Así, recordó que el Estado debe tener en cuenta por mandato legal cuestiones como la despoblación o el amplio territorio.

El último sistema de financiación se pactó en 2003 y fue asumido por todas las comunidades autónomas. La cercanía relativa de la fecha hace que, aunque la previsión oficial es que en 2009 entre en marcha el nuevo sistema, otros apunten que no será hasta el 2010 cuando se consiga aplicar.