El director general de Función Pública ganó su plaza de médico en la oposición anulada

El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia en la que declara nula una oposición convocada en Aragón en 1997 y en la que ganaron su plaza 163 médicos de familia.

El fallo ha sido remitido a la Dirección General de Función Pública. Los hechos se refieren a una época en la que aún no se habían consumado las transferencias, y las oposiciones fueron convocadas por la Dirección General de Recursos Humanos (hoy sería Función Pública). Por eso la sentencia llega a este departamento que, según fuentes consultadas, la semana pasada estaba estudiando qué medidas adoptar.

Pero el director general de esta cartera, nombrado como tal el pasado 29 de abril, es Antonio Brun, ex gerente del Servicio Aragonés de Salud y uno de los 163 médicos de familia que sí que ganaron la plaza en estas oposiciones que se celebraron entre 1998 y 2000. Por tanto, él es uno de los directamente afectados, ya que el Tribunal declara nula la convocatoria y obliga a compensar a los implicados.

A pesar de que su cargo le convierte en el responsable de los aproximadamente 40.000 empleados que hay en la Comunidad, el Gobierno de Aragón concreta que no será él quien se hará cargo de la resolución de este problema. La DGA niega que se haya decidido derivar la sentencia a otro departamento por la incompatibilidad que se produce al ser Antonio Brun uno de los afectados de la oposición.

"No se trata de una negociación sindical o de un problema laboral, que sería lo que debería resolver o negociar el director general de Función Pública. Es una sentencia que se remite directamente a la Dirección General de Servicios Jurídicos", concretaron desde el Gobierno de Aragón. Las mismas fuentes apuntaron, además, que se trata de un fallo judicial que les viene "sobrevenido" y que se gestó estando como consejero de Sanidad Fernando Labena (PAR).

Servicios Jurídicos y Función Pública dependen de la cartera de Presidencia de la DGA. En concreto, el asunto pasa a manos de la directora general de Servicios Jurídicos, María José Ponce.

Soluciones y compensaciones

La sentencia da la razón, después de once años, a la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc). El fallo insiste en que no hubo igualdad de acceso a las plazas ni en cómo se valoró la antigüedad, los méritos y los servicios prestados.

El Tribunal decreta que se debe compensar de alguna manera a los afectados. Javier Perfecto, que presidía la sociedad cuando sucedieron los hechos y que ahora es el responsable de relaciones institucionales, explicó ayer que siguen pendientes de la reunión que deben mantener con la DGA para decidir cuál es la mejor solución.

En declaraciones a Diario Médico, concretó que la primera compensación que pedirán será "que el MIR de Familia se equipare con 8 años de experiencia como médico general, es decir, el máximo que recoge el decreto de homologación de primaria".

En principio, la Administración tiene oportunidad de recurrir, pero lo previsible será que se busque una solución negociada que satisfaga a la mayoría de afectados. Es difícil porque muchos médicos de familia de aquella generación, desesperanzados, se marcharon de Aragón y han acabado trabajando en otras Comunidades. Otros obtuvieron peores plazas que las que podían haber conseguido si sus méritos se hubieran valorado justamente.

Tampoco parece probable que los 163 facultativos que ganaron su plaza en propiedad tuvieran que abandonarla, ya que se generaría un perjuicio similar o mayor al ya cometido.

La oposición buscaba, prioritariamente, consolidar el empleo de los interinos, en una época en la que estos habían ido accediendo sin procesos regulados y después de 15 años sin oposiciones (desde 1982).

El elevado paro que se sufría entre los profesionales de la Medicina, el hecho de que unos tenían especialidad de medicina familiar y otros no y la lejanía de la anterior convocatoria ofrecía un panorama difícil de asumir, pero que, según la Samfyc, "se abordó de la peor manera posible".