El director del Instituto del Agua tendrá que explicar en las Cortes los contratos a dedo

El director del Instituto Aragonés del Agua, Rafael Izquierdo, tendrá que explicar en las Cortes la adjudicación a dedo a un empresario del PAR de todas las carpas para la inauguración de las depuradoras incluidas en su plan de depuración, lo que supuso un importe global de 117.062 euros. Los grupos del PP y de CHA reclamaron ayer su comparecencia para que justifique cómo se pudieron contratar las instalaciones, además de la organización de los actos, por la vía del contrato menor a Proarag 2008 SL, de la que es socio, administrador solidario y apoderado el ex presidente del Rolde Choben y actual militante aragonesista Juan Carlos Gómez Prieto.

La oposición en bloque no solo cuestionó la gestión de la Consejería de Medio Ambiente, de la que dependen el Instituto del Agua, en materia de contrataciones, sino que puso en tela de juicio la moralidad de sus responsables. "Esta forma de actuar es un ejemplo claro de cómo se entiende la gestión del dinero público en Medio Ambiente", subrayó el diputado del PP Javier Gamón.

En la misma línea se pronunció el nacionalista Bizén Fuster, quien evidenció que Medio Ambiente debería extremar las formas en la contratación "para evitar la sensación de favoritismo" y que a la ciudadanía "le huela mal" que todos los contratos de inauguración de las depuradoras se los llevara un empresario del mismo partido que el consejero Alfredo Boné, que preside el Instituto del Agua.

Como público ayer este diario, Rafael Izquierdo y Alfredo Boné autorizaron la contratación de Proarag para el montaje y organización de los ocho actos inaugurales de depuradoras, celebrados entre finales de 2007 y 2008. Los 117.062 euros que llegó a facturar el empresario del PAR se repartieron hasta en quince contratos de alquiler de carpas, además de la organización de los actos inaugurales. En ninguno de ellos se superó los límites de los 18.000 euros de un contrato menor, por lo que no había obligación legal de convocar un concurso. Desde la DGA se insistió mucho en que en tres casos se pidieron presupuestos a tres empresas para comparar y que Proarag siempre fue la más barata. El empresario también negó que su militancia tuviera algo que ver en las contrataciones.

Acusación de despilfarro

El diputado Alberto Gamón no solo cuestionó la contratación, sino el propio gasto. "Es un exceso, sobre todo en estos tiempos de crisis, y es un despilfarro que se hicieran dos actos en depuradoras de los Monegros para que se hiciera la foto la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona", valoró antes de cuestionar si no había pabellones y centros culturales en los municipios para celebrar estos actos y "ahorrar" así dinero público en "boatos para exaltación del PAR y del consejero Boné".

Gamón indicó que es "más que sospechoso" la casualidad de que el ex presidente del Rolde se llevara todos los contratos, especialmente si se tiene en cuenta que la firma solo tiene tres años de vida, como destacó el nacionalista Bizén Fuster: "Es una firma poco asentada en el sector, sin ni siquiera teléfono ni fax, y se le contrata a dedo. No discutimos la legalidad, pero Medio Ambiente debería haber extremado las formas para no transmitir la sensación de favoritismo".

El diputado de IU Adolfo Barrena consideró que estas contrataciones son una evidencia más de "cómo se entiende lo público" y subrayó que no responde al código ético y moral de la gestión en las administraciones. "Nadie puede decir nada de la legalidad, pero establece un tipo de relaciones que no corresponde al respeto que la DGA debería tener hacia la pluralidad empresarial", señaló.