El informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a la fiscalización de la Comunidad autónoma de Aragón en los ejercicios de 2004 y 2005 revela varias irregularidades, entre las que se halla un contrato del Departamento de Educación de la DGA asignado sin seguir ningún tipo de procedimiento y fechado en 2005, cuando su titular era la consejera Eva Almunia, ahora candidata socialista a la presidencia de la DGA.

En concreto, el órgano fiscalizador se refiere a la redacción del proyecto de reforma y ampliación del Museo Pablo Serrano de Zaragoza, que se hizo "sin publicidad ni promoción de concurrencia" por un importe de 1,4 millones de euros. Esta fue uno de las irregularidades denunciadas ayer por el PP de acuerdo con las conclusiones del propio informe del Tribunal de Cuentas. El portavoz parlamentario del PP, Eloy Suárez, dijo que "la señora Almunia era la responsable y se salió de todo proceso de licitación".

Fuentes de la DGA justificaron el procedimiento seguido en este caso y explicaron que se hizo con el visto bueno del Departamento de Economía y Hacienda, que visó la tramitación impulsada desde el área de Cultura. En este sentido, explican que el concurso para la construcción del museo lo ganó años antes el arquitecto José Manuel Pérez Latorre y que se consideró que su ampliación era una segunda fase.

Así, "atendiendo a una excepcionalidad contemplada en la ley de contratos", decidieron adjudicarle también a él ese contrato, tras contar con el visto bueno de Economía. Por lo demás, insistieron en que se tramitó "de la forma más escrupulosa posible y siempre cumpliendo la ley".

Eloy Suárez aprovechó para criticar las declaraciones del presidente Marcelino Iglesias en el reciente debate sobre el estado de la Comunidad en las que parecía "campeón de la transparencia". "El informe del Tribunal de Cuentas -destacó- corrobora que el Gobierno de Iglesias es poco transparente y hace las cosas bastante mal". El portavoz del PP analizó las irregularidades sobre subvenciones "que no están justificadas", asignadas sin convocatoria plena y de forma directa. "Se entregan ayudas públicas a dedo y sin ningún tipo de control", añadió.

Entre otros casos, destacó también el de la A-1605 que Suárez denominó "vía Marcelino" por llegar hasta Bonansa (Huesca), localidad natal del presidente aragonés. Según el Tribunal de Cuentas, son varias las irregularidades administrativas en las obras de esta carretera. "¿Había que hacerla deprisa por ser el pueblo del presidente?", se preguntó el portavoz de los populares.

Hospital de Barbastro

También citó casos como los del servicio de limpieza del Hospital de Barbastro, con un aumento de precios "improcedente"; el servicio de transporte sanitario, con una compensación al contratista calificada de "innecesaria" por el Tribunal de Cuentas.

Además, Eloy Suárez, se refirió a otros contratos públicos fiscalizados por la Cámara de Cuentas sobre depuración de aguas, en los que el pliego de condiciones establece el precio como "determinante", aunque luego ese dato solo se valoró con cinco puntos sobre un total de 100.

Suárez denunció asimismo la prórroga de dos campañas de publicidad institucional con incrementos de precio "excesivo", según el Tribunal de Cuentas y criticó de paso la "potente" campaña que el propio PSOE tiene en marcha tras la designación de Eva Almunia como candidata del partido.

El PP destacó también las demoras y ampliaciones de plazo no justificadas así como algunas irregularidades contables, ya que no hay un seguimiento individualizado y por tanto no se conocen las desviaciones de gasto ni se contabilizan como deuda los intereses devengados.