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GRANDES DEMORAS EN LAS COMISIONES

El debate sobre La Muela se cuela en las Cortes pese a los diez vetos de PSOE-PAR

El asunto es 'tabú' en el Parlamento. El PP mete una iniciativa de la ley urbanística del 99 para hablar del caso de corrupción. Las intervenciones en las comisiones acumulan demoras de un año y los temas quedan obsoletos.

El caso de corrupción de La Muela logró colarse ayer en el salón de plenos de las Cortes de 'tapadillo', a través de una petición de comparecencia del PP al consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, para que explicara la posición política de la DGA sobre la Ley de Urbanismo de 1999 y los efectos derivados de su aplicación. Lo hizo pese a ser un tema 'tabú' en el debate parlamentario y haber sido objeto de hasta diez vetos por parte de los partidos que sustentan el Gobierno de Aragón, PSOE-PAR.

 

El PP ha solicitado hasta en ocho ocasiones la comparecencia del presidente Marcelino Iglesias sobre este asunto y cuatro las de los consejeros Aliaga (Industria), Boné (Medio Ambiente) y Vicente (Urbanismo). En todas, socialistas y aragonesistas han hecho valer su mayoría y el argumento de que el caso está 'sub iúdice' para vetarlas. CHA hizo lo propio en diez ocasiones con el mismo resultado.

 

Sin embargo, ayer, los populares lograron que, aunque de forma tímida, el consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, se pronunciara. El portavoz del PP, Eloy Suárez, aludió al argumento utilizado por el presidente Iglesias de que la ley urbanística de 1999 "era el origen de todos lo males" para preguntarle a Vicente si pensaba igual. "La ley no es responsable sino quien toma las decisiones", le espetó Suárez, que volvió a exigir responsabilidades políticas. Le recordó a Vicente que las modificaciones en La Muela "se produjeron después de conversaciones telefónicas de miles y miles de minutos".

 

El consejero no quiso entrar de lleno en el asunto y enumeró los efectos negativos de la norma aprobada por el PP. Se limitó a decir que con la ley recientemente aprobada "no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido en La Muela" y pidió que se evite "que cada vez que se habla de urbanismo, se hable de corrupción". El diputado de CHA Bizén Fuster también aprovechó para lanzar un dardo al gobierno recordando "lo díficil que es hablar de corrupción en las Cortes" y "el desfile crónico de comparecencias" que solicita su grupo sin éxito en la Junta de Portavoces. Hacía referencia Fuster a uno de los episodios insólitos que se produjo hace unas semanas en La Aljafería, cuando por primera vez un grupo no hacía una pregunta al presidente en la sesión de control

 

Entonces CHA interrogaba a Iglesias sobre "los impedimentos" que habían llevado a la coalición PSOE-PAR a rechazar una propuesta de resolución durante el debate del estado de la Comunidad que condenaba los casos de corrupción. El presidente del Parlamento, Francisco Pina, dijo que existían "juicios de valor" y la vetó. No obstante, ofreció la posibilidad de modificar el enunciado, a lo que los nacionalistas se negaron. La polémica concluyó con un plante en el pleno y con acusaciones de esta formación y el PP a Pina de "aplicar la mordaza".

 

Más allá de estos episodios parlamentarios, las quejas de diputados sobre las demoras en las comparecencias sobre todo en las comisiones están siendo una constante en esta legislatura. Además de la inhibición -rutinaria ya- del presidente Iglesias a acudir a las Cortes cuando se le requiere. Siempre delega en sus consejeros.

 

Los datos son contundentes. El presidente solo ha comparecido en tres de la más de la veintena de peticiones de la oposición y siempre a iniciativa propia. En el caso de las comisiones, la situación es más sangrante y más si se tiene en cuenta que no solo afecta a los miembros del gobierno. Las demoras afectan directamente a colectivos ciudadanos y personas externas al Ejecutivo. Hay ejemplos claros. Más de un año para que la Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Azajer) interviniera en la Comisión de Derechos humanos y Peticiones. Otro tanto para que la presidenta del Consejo Escolar hiciera lo propio en la Comisión de Educación.

Quejas de colectivos

Y con estos largos periodos de tiempo, los asuntos quedan obsoletos. Los primeros pretendían hablar de Gran Scala y la ley (aprobada hace varios meses) y lo hicieron hace unas semanas. La segunda quería presentar la memoria de actividades del consejo durante 2007. Todavía está pendiente. Quizá sí llegue a tiempo el presidente del Consejo de la Juventud de Aragón, que pretende valorar desde mayo las actuaciones en materia de juventud de este órgano en 2009. Y mientras las demoras continúan, sigue paralizada la reforma del reglamento de las Cortes.

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