Aragón es la cuarta comunidad en nivel de atención de la dependencia, pero este argumento fue ayer rebatido por los grupos de la oposición en las Cortes de Aragón, que criticaron la tardanza de mas de cinco meses de media en las revisiones de grado de la dependencia. Un hecho motivado, según la portavoz de Servicios Sociales del PP en las Cortes de Aragón, Pilar Fierro, por la falta de valoradores cualificados para examinar a los dependientes que se presentan a la valoración por primera vez y los que lo hacen porque sus condiciones físicas, sensoriales o mentales se han visto deterioradas.

Según datos facilitados por la consejería, en Aragón hay 39 valoradores cualificados, 25 en la provincia de Zaragoza, ocho en Huesca y tres en Teruel, una cifra «insuficiente» en palabras de los grupos de la oposición, que también insistieron en la necesidad de reducir los tiempos de espera entre la valoración y la prestación de las ayudas.

Ante esta crítica, la consejera de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Ana Fernández, aprovechó su comparecencia a petición propia ante el pleno de las Cortes de Aragón, para recordar que en estos momentos el 1,95 por ciento de la población aragonesa recibe una prestación o servicio de atención a la dependencia. Desde que comenzó a aplicarse la ley de la Dependencia en 2007, el Gobierno de Aragón ha gestionado 60.000 solicitudes y ha valorado a 52.900 personas, de las que 42.600 han tenido derecho a prestación y 32.800 han visto reconocido su derecho a una prestación o servicio.

Fierro aprovechó la comparecencia para recordarle a la consejera la necesidad de informar a la ciudadanía de que la ley tiene un carácter universal, algo que «mucha gente desconoce, ya que piensan que es para personas con bajos recursos», apuntó.