Desde asuntos de patrimonio a cuestiones económicas, pasando por las leyes de ordenación del territorio, ambientales, etc., Aragón tiene pendiente de una resolución del Tribunal Constitucional hasta un total de 30 asuntos. Un número considerable son cuestiones formales, pero los hay también que son muy relevantes para el correcto ejercicio del autogobierno de Aragón o decisivas para una adecuada defensa del patrimonio cultural de la Comunidad. Y, de momento, el Tribunal Constitucional parece que prefiere el silencio antes que el dar la razón a Aragón... o quitársela.

El principal contencioso, que lleva más de 12 años (todo un récord negativo en el Alto Tribunal), es precisamente el de los bienes del Monasterio de Sijena, del que depende que Aragón pueda recuperar 96 piezas que en su momento fueron vendidas por las monjas sanjuanistas a la Generalitat de Cataluña. La DGA inició el derecho de retracto (Aragón tenía preferencia en la compra al ser patrimonio aragonés, pero las partes lo obviaron). Sin embargo, la Generalitat en vez de aceptar el procedimiento de retracto, recurrió ante el Constitucional la actuación de la DGA. Como el Alto Tribunal ha evitado en todo este tiempo resolver, las piezas aragonesas siguen bajo el control de Cataluña.

Si este asunto es el que lleva más tiempo parado, hay alguno que aún ni siquiera está en manos del Constitucional. En este sentido, el Gobierno central ya ha avisado que considera que un punto de la nueva ley de ordenación territorial de Aragón (LOTA) es incompatible con la Constitución. Se refiere a un precepto aprobado por las Cortes de Aragón para dificultar los trasvases del Ebro. En estos momentos, se ha abierto un periodo para que ambas administraciones lleguen a un acuerdo. Todo indica que este no se producirá y que en cuestión de meses se interpondrá el recurso.

De entre los asuntos pendientes, hay bastantes que en realidad ya no tienen ningún sentido debido a todo el tiempo transcurrido. Por ejemplo, el Gobierno de Aragón recurrió varias leyes hídricas que actualmente ya han sido superadas por normativas posteriores. Ocurre igual con leyes de acompañamiento a los Presupuestos del Estado.

Hay otros asuntos que se han resuelto, pero en parte y por otra vía. Por ejemplo, el derecho a controlar todos los aspectos relacionados con el Parque Nacional de Ordesa. Aunque la DGA ya tiene la gestión y el control real sobre las subvenciones, todavía hay cuestiones pendientes de aclarar por parte del Tribunal Constitucional.