El Congreso acaba su periodo de sesiones vetando todas las iniciativas aragonesas

Madrid. Los políticos de Aragón no imponen a sus señorías. El Congreso de los Diputados cerró este jueves el periodo de sesiones con más iniciativas relacionadas sobre Aragón vetadas de los últimos años. Ni financiación, ni infraestructuras viarias, ni actuaciones hídricas. Ese podría ser el resumen para Aragón de los seis últimos meses parlamentarios de las Cortes Generales.

El principal revés se lo ha llevado como institución las Cortes de Aragón. Las tres iniciativas que ha defendido en el Congreso fueron vetadas en la primera votación, sin permitir siquiera su tramitación parlamentaria. Da igual de lo que se tratasen, porque todas tuvieron el mismo trato: el grupo mayoritario se posicionó en contra y en todas encontró algún apoyo para llevar a cabo el veto parlamentario.

La última de todas era a la vez la más relevante. Las Cortes de Aragón -con la autoridad que da un acuerdo apoyado unánimemente por PSOE, PP, CHA, PAR e IU- pedía al Congreso de los Diputados que tramitase la modificación de una cláusula del PHN. En concreto, se planteaba que donde se establecía una excepción (que fuese Cataluña la única comunidad que pudiese plantear el caudal del Ebro a la altura del Delta) se cumpliese el criterio general (que, como en el resto de los ríos, fuesen todos las autonomías de las cuenca las que participasen en la decisión). En el debate, el PSOE cambió de posición respecto a lo defendido en Aragón y, junto a los votos de CiU y ERC, consiguió vetar la propuesta. Las explicaciones de por qué Aragón no podía opinar sobre el caudal de una parte del Ebro que le puede hipotecar los usos de sus regadíos no siempre fueron afortunadas. CiU llegó a decir que ya que Aragón acordó su Pacto del Agua con el Gobierno central, ellos tenían derecho a fijar bilateralmente el caudal mínimo que debía tener siempre el río en su Delta.

El Congreso también vetó otra iniciativa de las Cortes de Aragón relacionada con el Ebro. En este caso se pedía que la comunidad participase en unos órganos de gestión de la CHE. Tampoco se aceptó.

La tercera petición institucional de Aragón rechazada fue la propuesta de modificar una ley para permitir la creación de policías comarcales. En este caso, todos aseguraron que no era necesaria.

Además de estas iniciativas, el Gobierno vetó una proposición de ley del PP preparada por los aragoneses Santiago Lanzuela y Ángel Pintado en la que se planteaba una reforma legal para acelerar las obras del Pacto del Agua. El Ejecutivo la vetó al considerar que tenía un coste económico excesivo.