El anteproyecto socialista de Ley de Lenguas suscita controversia y no satisface a casi nadie

El anteproyecto de Ley de Lenguas elaborado por el PSOE, que ayer adelantó este periódico, ha vuelto a destapar la caja de Pandora en que se ha convertido la regulación normativa de los dos idiomas minoritarios que se hablan en la comunidad autónoma. Las reacciones suscitadas tanto entre los grupos políticos parlamentarios como entre los principales ayuntamientos afectados ponen de relieve que se está muy lejos del consenso con que, según se asegura desde el Ejecutivo aragonés, se quiere sacar adelante esta legislación.

Aunque la convivencia de las tres lenguas que se hablan en la comunidad, en sus diferentes variedades dialectales, no produce ningún problema de relieve, los intentos de regulación legislativa han creado polémica. El proyecto del PSOE tampoco se libra de ese destino; ni siquiera concita unanimidad entre sus propias filas, donde hay representantes que no esconden su desapego al texto propuesto. En todos los partidos es posible encontrar voces divergentes sobre la materia, porque aunque la realidad lingüística sea pacífica, su normativización origina recelos, especialmente por el uso político del catalán desde el nacionalismo expansionista.

Entre quienes criticaron ayer el anteproyecto, destacó el presidente del PP, Gustavo Alcalde. A su modo de ver, "Iglesias quiere asfixiar las modalidades lingüísticas de Aragón al pretender normalizar el variado patrimonio aragonés bajo la fórmula de dos únicas lenguas propias: el aragonés y el catalán". Para Alcalde, el aragonés es "un idioma artificial creado en los años 70", mientras que el catalán "es ajeno" a la comunidad y la DGA "no puede cargarse de un plumazo la realidad de que tan aragonés es el maellano como el ansotano, el fragatino, el cheso, el literano o el patués".

Alcalde recordó que su formación ha propuesto "la protección, recuperación, enseñanza e impulso de las modalidades lingüísticas que se hablan en Aragón", pero que "de ningún modo" aceptará "una normalización que arrasaría el patrimonio común que son las modalidades lingüísticas de la comunidad". Sobre el catalán, dijo que el proyecto normativo "facilita armas y munición" a los nacionalistas que "desde hace años pretenden la anexión cultural de parte de Aragón y luego la anexión territorial dentro de los mal denominados països catalans".

"Contrario al Estatuto"

Los otros dos partidos de la oposición, CHA e IU, también cargaron frontalmente contra el anteproyecto de ley, pero desde una posición opuesta a la del PP, ya que para ellos el texto propuesto "se queda corto" con lo que demanda el Estatuto y proponen una "auténtica normalización lingüística" basada en el "reconocimiento del catalán y el aragonés con criterios científicos".

La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, tildó el borrador de "vago, contradictorio y vulnerador del artículo siete del Estatuto, donde se exige que la Ley de Lenguas determine dónde se habla cada idioma". Para Ibeas, el anteproyecto "hace aguas por todos los sitios porque no se atreve a nombrar la realidad". "Es preciso el reconocimiento expreso del aragonés y el catalán; su normalización, porque es la única manera de proteger las lenguas, y la cooficialidad en las zonas donde se hablan", comentó.

Adolfo Barrena, de IU, hizo hincapié en que el texto "no responde a lo acordado en el Estatuto". "Esperemos que las peleas matrimoniales del Gobierno no hagan que otra vez se frustre el intento de legislar esta materia", apuntó. Barrena pidió la "cooficialidad" de catalán y aragonés "en los lugares donde se hablan", pero precisó que, en el caso del aragonés, "debe crearse un órgano científico que determine las variedades lingüísticas para poder hacer una normalización correcta, algo que el catalán ya tiene hecho".

El portavoz del PAR, Javier Allué, resaltó que "se trata solo de un borrador y todavía hay mucho que hablar para madurarlo". "El compromiso del Gobierno es llevar a las Cortes un proyecto con el mayor consenso posible y que no cree problemas donde no los hay", añadió. Jesús Miguel Franco, portavoz parlamentario del PSOE, coincidió en que "hay que esperar a ver cómo se desarrolla la propuesta y cómo llega al Parlamento". "Hay que lograr el consenso y conjugar el respeto a los principios científicos con los intereses concretos", señaló.

Diversidad en el territorio

La polémica parlamentaria se reproduce en aquellas zonas afectadas por el anteproyecto legislativo, especialmente en el caso del catalán. La mayoría de alcaldes socialistas de la comarca del Matarraña se muestran favorables a una normativa que normalice la situación de las lenguas de Aragón. Los de Beceite, Alberto Moragrega, y Calaceite, Rosa Domenech, manifestaron esa necesidad y reafirmaron que su lengua, el catalán, "debería ser cooficial, junto al aragonés y al castellano". En la misma línea, Rafael Martí, alcalde de Mazaleón, dijo que la "polémica en torno a la lengua es una cuestión política puesto que todos los lingüistas, incluidos los de la Universidad de Zaragoza, así como los de la Unión Europea y la Real Academia Española, han declarado que en nuestros pueblos se habla catalán".

A favor de la ley y de la cooficialidad del catalán también se encuentran miembros del PAR, como Francisco Esteve, alcalde de Peñarroya de Tastavins, que defiende "la necesidad de la cooficialidad". Carlos Fontanet, presidente de la comarca, manifestó que "la situación actual debe regularse, posteriormente los especialistas ya reglamentarán la gramática". "Creo que hablamos catalán, ya que no hay ningún problema al comunicarnos con nuestros vecinos", afirmó. Para otros aragonesistas, como Andrés Cros, alcalde de Monroyo, "no hay necesidad de ninguna ley, la gente lo que quiere es que les dejen hablar como quieran". Fernando Cavero, de Ráfales, rechazó la normativa y defendió que lo que se habla en su zona "no es catalán". Para el alcalde de La Cañada de Verich, José Manuel Insa, "es un tema que no interesa a los ciudadanos".

En Zaragoza, Francisco Domenech, alcalde socialista de Fabara, comentó su agrado porque "por fin se nos reconozca que hablamos un idioma articulado y no un chapurreao", aunque dijo esperar que en el futuro el catalán "se declare cooficial". Su homólogo de Maella, Antonio Tudó (PSOE), dijo que "para un primer paso está bien, pedir más podría crear problemas". Joaquín Llop, alcalde de Nonaspe (PP) opinó que "hay que conservar la lengua, pero la que se habla en cada zona". "No tenemos nada contra el catalán -aclaró- pero hay que defender lo nuestro, somos aragoneses y españoles".

La diversidad de opiniones es también la constante en Huesca. María Teresa Font, alcaldesa de Zaidín (PAR), respaldó "todo aquello que ofrezca protección y reconozca nuestra riqueza lingüística". Miguel Gracia, primer edil de Arén (PSOE), defendió el planteamiento del proyecto, "que no hace nada más que reconocer y recoger la realidad de la zona oriental de Aragón". En su opinión, "decir que no se habla catalán es engañarse". Francisco Mateo, de Tamarite de Litera (PSOE) ve el texto como "de mínimos, no obliga ni impone nada, no discrimina a nadie, es perfectamente asumible y supone un importante paso hacia la cooficialidad del catalán".

A Josep Chauvell, alcalde de Alcampell (PSOE), le hubiera gustado "el rango de cooficialidad para el catalán": "Es lo que hablamos aquí, pero, al menos, se reconoce que nuestra lengua es la catalana y eso es dar un paso adelante". Para Antonio Fondevila, de Castillonroy (PAR), "que se reconozcan el catalán y el aragonés como lenguas propias es una salida airosa, pero que no satisfará a todas las partes, sobre todo por la polémica del catalán, que es lo que levanta ampollas". "Personalmente -dijo- me parece poco serio plantear que en cada localidad se le llame a la lengua como se quiera". El alcalde de Isábena, Alberto Lamora (PP), rechazó "la unificación en un solo aragonés y un solo catalán de variedades tan distintas". "Para esto, mejor que no hubieran hecho nada", agregó.