La novedad de que PSOE y PAR no hayan podido ponerse de acuerdo en el seno del Gobierno para sacar adelante un proyecto de ley, el de Lenguas, y que los socialistas se vean obligados a plantearlo como proposición de ley de su grupo parlamentario no ha dejado indiferente a ningún partido. Mientras IU respalda esa medida, “por coherencia con el compromiso explicitado por Marcelino Iglesias” de elaborar esa ley, y CHA se muestra cauta ante “los reiterados incumplimientos” en la materia, el PP considera que el presidente aragonés es “absolutamente irresponsable” por “plantear la Ley de Lenguas sin consenso”.

El portavoz de los populares en las Cortes, Eloy Suárez, calificó la decisión de los socialistas como un “despropósito”. Suárez recordó que la Ley de Lenguas que propugna el PSOE “adjudica al catalán y al aragonés el rango de lenguas propias de Aragón, algo que es una fantasía conceptual y siempre ha recibido un amplio rechazo de la sociedad aragonesa”.

El PP rechaza una normativa que se base en “la asfixia del variado patrimonio aragonés con su normalización en dos únicas lenguas” y pide una fórmula para “la protección, recuperación, enseñanza e impulso de las modalidades lingüísticas de Aragón, que conviven sin problemas con el castellano desde hace siglos”.

Por ello, Suárez estimó “imprescindible” la utilización del diálogo para abordar este tipo de leyes “tal y como hicimos con la reforma del Estatuto”. “Lamentablemente, Iglesias prefiere, como en otras muchas ocasiones, la imposición al acuerdo”, agregó. En su opinión, una ley de estas características “debe contar con el máximo apoyo parlamentario y social posible para no crear confrontación; aprobarla con un margen de uno o dos votos sería un gran fraude a la mitad del electorado aragonés”.

Chesús Bernal, el portavoz de Chunta Aragonesista, mostró sus dudas respecto a lo que finalmente haga el PSOE: “El incumplimiento por parte del Gobierno desde 1999 con lo que reclama el Estatuto es absoluto; siempre dice que va a elaborar el proyecto de ley y nunca puede hacerlo”. “Si lo plantea como proposición del grupo parlamentario será una vía distinta, pero Iglesias estará incumpliendo otra vez su compromiso de investidura”.

Bernal eludió pronosticar su posición en un futuro debate y comentó que “cuando de verdad llegue la propuesta será el momento en que participemos en el debate de toma en consideración y, si lo pasa, en la tramitación con nuestras enmiendas”. No obstante, advirtió que “hace años había un ambiente apropiado para buscar acuerdos, con un común denominador en los grupos de las Cortes de que era hora de abordar esta cuestión, pero eso se rompió hace tiempo”.

El portavoz nacionalista remarcó que, en todo caso, la posición de su partido es “la que marca la legislación vigente, la que dispone el Estatuto, la Ley de Patrimonio Cultural (que pide una normativa lingüística con normalización de catalán y aragonés y la cooficialidad de ambos en sus comarcas de uso) y los acuerdos parlamentarios, algunos de los cuales no tuvieron ni un voto en contra”.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, señaló que la nueva apuesta legislativa del PSOE “responde a un compromiso de Iglesias que explicitó en su discurso de investidura”, por lo que “está bien si no ha sido capaz de sacarlo adelante desde el Gobierno, aunque demuestra que no funciona tanto esa coordinación que dicen que hay entre los socios”.

Barrena destacó que “habrá que trabajar mucho la proposición que presenten para intentar sacarla adelante con el mayor consenso posible; es un asunto pendiente desde hace mucho y sería bueno poder cerrarlo en esta legislatura”. El portavoz de IU recordó que su formación defiende el reconocimiento expreso de las dos lenguas minoritarias de la comunidad, su cooficialidad en las zonas donde se hablan y “la creación de un órgano científico y académico que defina y proteja las modalidades del aragonés”.

Rebajar la tensión

Los representantes de PSOE y PAR optaron ayer por restar importancia a las diferencias surgidas. José Ángel Biel recordó que el aragonés “es un Gobierno de dos partidos que piensan de manera distinta”. Admitió que la cuestión “tiene una gran carga política y causa debates viscerales” y dijo que “cuando esté la proposición de ley se verá cómo se decantan las cosas y, según las reacciones, iremos actuando”.

El presidente Iglesias eludió atender a la prensa sobre el asunto y solo dijo, sin detenerse ante los periodistas, que “vamos bien; tenemos para desarrollar el proyecto dos años y medio todavía y todo irá a su debido tiempo y a su debido ritmo”. Sin embargo, el portavoz parlamentario socialista, Jesús Miguel Franco, apostó por “buscar el consenso con todos los grupos para que haya una Ley de Lenguas en el próximo periodo de sesiones”, es decir, entre febrero y junio. El portavoz del PAR, Javier Allué, no fue tan optimista y dijo que “ha quedado clara la discrepancia entre los partidos y actuaremos en consecuencia y en función de lo que se presente en las Cortes, fijando nuestra posición mediante las enmiendas y conforme al Estatuto”.