PASÓ DE 55 MILLONES A 90

El PP acusa a la DGA de "ocultar" información del Palacio de Congresos

Los populares pidieron copias de los informes, pero el Ejecutivo se las negó por ser "confidenciales".

El PP volvió a denunciar ayer el enésimo episodio de "oscurantismo" de la DGA a propósito de una solicitud de información sobre la polémica construcción del Palacio de Congresos de Zaragoza, que pasó de presupuestarse en 55 millones a pagarse 90. El portavoz del PP, Eloy Suárez, denunció ayer que el Ejecutivo autonómico "incumple" la legalidad al obstruir el derecho a la información de los diputados.

Según explicó, el grupo parlamentario solicitó los pliegos de condiciones, certificaciones, modificados e informes de intervención de este proyecto. El Departamento de Economía y Hacienda respondió que "dado el elevado volumen de documentación que supone dar respuesta a la solicitud formulada", se ponía a disposición de los populares la información en la sede de la Consejería.

Sin embargo, el pasado miércoles, los diputados se dirigieron al lugar indicado y ante su sorpresa, comprobaron que el "elevado volumen de documentación" no eran más que cuatro carpetas. Además, solicitaron una copia de los documentos, en los que -según el PP- faltaban informes como el de Intervención. La consejería se los negó. "Nos dijeron que el consejero Larraz lo había prohibido", explicó Suárez, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el diputado Pedro Navarro que fue el que acudió a consultar la información.

"Cada vez que la DGA tiene algo que esconder se enroca y no se da la información. ¿Qué se quiere esconder? ¿A dónde han ido a parar los 45 millones de euros de desfase? El Ejecutivo de Iglesias tiene que dar explicaciones", exigió el portavoz del PP.

Ante esta situación, el grupo parlamentario del PP ha solicitado el amparo del presidente de las Cortes porque "después de ocho años, ya va siendo hora de que lo haga", dijo Suárez. Hay que recordar que esta no es la primera vez que el PP denuncia que la DGA oculta información, sobre todo, de todo lo que tiene que ver con las empresas públicas. Los argumentos para eludir dar la documentación son de lo más variados. Desde la protección de datos hasta el derecho mercantil pasando por una de las últimas y rocambolescas excusas como la falta de recursos humanos y materiales para facilitar la información.

Por su parte, fuentes del Departamento de Economía y Hacienda justificaron el oscurantismo en que el diputado que había solicitado la información no era el que se personó en la consejería. Además, aseguraron que estos documentos "son de consulta y no se pueden sacar porque es información confidencial".