La crisis económica condiciona el desarrollo presente, pero cuando afecta a la educación compromete además a las generaciones del futuro. Los sindicatos de profesores advierten de que aplicar recortes en las aulas mermará la calidad de la enseñanza y piden que, si llegan las rebajas, sean solo las inevitables. A su pesar, llegarán y los primeros en notarlas serán sus bolsillos. El recorte salarial de los empleados públicos anunciado por Zapatero les quitará de media un 5% de sus sueldos. Lo mismo les sucederá al resto de funcionarios del Departamento de Educación y a los trabajadores de la enseñanza superior. Las arcas de la Consejería y las de la Universidad de Zaragoza ahorrarán con esto más de 40 millones de euros.

Esta cantidad es aproximada, ya que la rebaja se graduará por tramos de renta. La mayor parte de ella -unos 32,7 millones- provendrá del Departamento que dirige María Victoria Broto y que este año preveía gastar en pagar las nóminas de sus trabajadores 654 millones de euros (un 68% del presupuesto del que dispone).

El recorte en Educación afectará a 13.121 docentes y a 3.356 trabajadores de administración y servicios. Para muchos de los primeros -los que pertenezcan a los grupos A1 y B1- la bajada será por encima de la media y podría suponer el 8% de sus sueldos. En el caso de un profesor de Secundaria, sin contar antigüedad ni complementos específicos, esto supondría unos 2.600 euros menos al año (1.600 si le quitan solo el 5%).

La Universidad de Zaragoza cuenta, por su parte, con una plantilla de 5.484 trabajadores (3.639 profesores y 1.845 miembros de administración y servicios). Con la media del 5% de rebaja salarial conseguirá reducir en unos 9 millones sus gastos en personal. Al igual que ocurre en Educación, el capítulo 1 de la institución académica acapara más de un 60% del presupuesto total.

¿Bastará este ahorro para cubrir el aporte que debe hacer la educación aragonesa para salir de la crisis? Las asociaciones de padres de alumnos exigen que así sea. Piden que se priorice el gasto y no se agraven las rebajas. La presidenta de Fapar, Ana Abán, insiste en que no se entendería que logros alcanzados, como la gratuidad de libros de texto, las becas, la innovación educativa, los programas de refuerzo o el bilingüismo, entre otros, dejaran de aplicarse. "Las consecuencias serían muy graves. No solamente por la pérdida de calidad de la enseñanza, sino también por ser un síntoma de que la educación no se valora como la mejor inversión de futuro", dice. Abán apunta que no se puede pedir a las familias que, además de sufrir la crisis, hagan un esfuerzo añadido en los gastos educativos.

Al respecto, Pedro Martínez, presidente de Fecapa recordó que no debería invertirse en cuestiones que generan rentas políticas, no educativas. "Hay que priorizar e invertir antes en educación que en expos o patrocinios", dijo.

¿De qué se puede prescindir?

Los sindicatos de profesores coinciden también en que la crisis no debe pagarse con la enseñanza y esperan que, en el caso de que así se haga, el sacrificado sea el programa de gratuidad de libros. "Habría que vincular las ayudas a las rentas familiares. Dar libros gratis exclusivamente a aquellas familias que lo necesiten", propone Marcos Domingo, de CSI-F. "Habría que cambiar esto aunque fuera de manera transitoria", añade José Manuel Larrodera, de CC. OO.

Para Gloria Pardillos, de UGT, además de lo anterior, habría que priorizar e incluso eliminar programas que no fueran interesantes o necesarios. "Hay más de 60, algunos de escasa rentabilidad", recuerda. Ante esto, comenta que sería el momento de frenar la popular Escuela 2.0 con la que se darán ordenadores gratis a los alumnos.

Y si la crisis arrecia, todo lo superfluo sobra. "Ferias y gastos de representación deben reducirse", afirma Larrodera. A esto, Manuel García Zamarreño, de Stea, suma la disminución de asesorías y pide que no se haga ningún concierto educativo y se rescindan los contratos con multinacionales como Microsoft.