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ZARAGOZA

Educación investiga a 84 familias denunciadas por falsear datos para tener plaza en un colegio

La DGA inspecciona si los padres mintieron sobre su lugar de residencia para conseguir puntos en determinados centros. La cifra de reclamaciones duplica la del año pasado, cuando hubo 40 de las que se demostraron 25

El departamento de Educación investiga 84 denuncias interpuestas por padres en las que se acusa a otras familias de falsear datos para obtener plazas en determinados colegios. Esta cifra duplica la del 2007, cuando hubo 40 reclamaciones. Todos los supuestos de este año consisten en presuntos fraudes en el padrón, es decir, en casos en los que se ha puesto en la solicitud un domicilio que no es el real, para conseguir así más puntos por cercanía a una determinada escuela. Las denuncias se concentran en siete centros. De ellos, uno está en La Almunia de Doña Godina -el Salesianos Laviaga Castillo- y seis en la capital aragonesa: Calasanz, Compañía de María, Jesuitas, Marianistas, Romareda y Montecanal, todos concertados excepto este último, que es público.

Los supuestos fraudes se han producido sobre todo en primero de Infantil -niños de 3 años-, que es cuando los pequeños acceden por primera vez al sistema educativo. En ese curso se han registrado 56 denuncias. Ha habido también 8 en primero de Primaria en el colegio Marianistas y otras 21 en Secundaria en el Salesianos Laviaga Castillo de La Almunia. "Hasta ahora casi no se habían dado casos fuera de Zaragoza y si se habían producido, no habían sido tan numerosos", comentó la directora provincial de Educación en Zaragoza, Isabel Ayala.

La DGA ha notificado a las familias afectadas que sus peticiones están bajo sospecha y ha comenzado a cruzar los datos de las solicitudes denunciadas con los que tiene a su alcance: los de la Agencia Tributaria y el Salud, para comprobar si se ha cometido fraude. La resolución se conocerá en los próximos días.

Ya ha habido tres renuncias

Educación prevé que se estimarán la mitad de las denuncias y el resto se desecharán por falta de datos para comprobar la supuesta falsedad o porque las propias familias han renunciado a las plazas al saber que estaban siendo inspeccionadas -en concreto, esto ha ocurrido en tres casos-. El año pasado, de las 40 investigaciones que hizo el Gobierno de Aragón, finalmente se demostraron 25 y supusieron la retirada del puesto escolar en colegios concertados de la capital aragonesa, en concreto, en los centros Romareda, Santa María del Pilar (Marianistas), San Agustín (Agustinos) y Sagrado Corazón, unos de los que más demanda tienen todos los años.

Cuando se demuestra que unos padres han hecho trampas, se retira la plaza adjudicada a su hijo y la comisión de garantías de escolarización le busca otro centro. Lo hace una vez que haya asignado puesto al resto de niños que no han obtenido el colegio deseado y le otorga aquel en el que queden vacantes, independientemente de las preferencias que la familia hubiera puesto en su solicitud inicial. No obstante, en el caso que sea posible, se le busca una escuela próxima a su domicilio.

Los centros en los que se compruebe que ha habido fraudes deberán volver a baremar para ofrecer las plazas libres. Lo harán en cuanto el departamento de Educación les comunique que se han retirado oficialmente los puestos a los que han hecho trampas.

La directora provincial de Educación en Zaragoza explicó ayer que los padres que tengan todos los documentos en regla deben estar tranquilos porque esto no va a afectar a los puestos que ya tienen adjudicados. "Las familias deben saber que investigamos los posibles fraudes que nos comunican con todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Pero también deben conocer que no se tomarán decisiones si no estamos seguros al cien por cien. En ese sentido deben mantener la calma", comentó Ayala.

Más denuncias que otros años

Este año se ha registrado un incremento de denuncias respecto a los anteriores (ha habido más del doble que en 2007). Según Ayala, esto se debe a que las familias cada vez están más concienciadas de la importancia de defender sus derechos y ven que sus reclamaciones no caen en saco roto.

"Consideramos que ver que las denuncias surten efecto puede crear un efecto disuasorio y algunos padres se lo pensarán antes de falsificar documentos por las consecuencias que conlleva", expuso la directora provincial de Educación.

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