Sentencias de divorcio, con todo tipo de detalles sobre la guardia y custodia de los hijos; informes pormenorizados de las cuentas de personas tuteladas, con una completa relación de sus ingresos y gastos durante años; fichas de procedimientos de incapacitación, con apuntes sobre el estado de la tramitación y las fechas de la vistas; relaciones de presos en prisión provisional, borradores de diligencias manuscritas y muchos otros documentos de carácter judicial. Papeles y papeles, todos ellos con nombres y apellidos. Y en muchos casos, con las direcciones postales de los propios interesados.

Un vecino encontró este material hace un par de semanas junto a un contenedor de reciclaje ubicado en el Coso zaragozano, muy cerca del palacio de Los Luna, sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y de la _Audiencia Provincial. Según manifestó este ciudadano, no era la primera vez que hallaba este tipo de documentación “sensible” junto a la sede judicial, por lo que decidió recoger algunos de los legajos y traerlos a este periódico.

Durante los días posteriores, los periodistas que firman esta información pudieron comprobar personalmente que el hecho denunciado por este vecino anónimo no había sido puntual. De hecho, volvieron a aparecer documentos judiciales junto a los contenedores antes mencionados. Los papeles estaban en el suelo, por lo que cualquier persona podía agacharse a recogerlos y llevárselos a casa.

El hallazgo de este material ha sorprendido sobremanera a los máximos responsables del TSJA, la Fiscalía y la Consejería de Justicia, ya que aseguran que hay establecidos una serie de protocolos “muy estrictos” para reciclar este tipo de documentación. Además, como profesionales del Derecho, saben que la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal garantiza y protege las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

Por la naturaleza de los documentos -al menos, de los recogidos por el vecino y este periódico- todo apuntaba a que procedían de la Fiscalía, y así lo ha confirmado el fiscal jefe de Zaragoza, Alejandro Fernández Furquet, tras analizar los escritos.

Circuito de destrucción

Fernández Furquet explicó que tienen un circuito de destrucción de documentos ya establecido y con las medidas de seguridad suficientes para que no ocurra algo así. No obstante, admitió que se ha podido producir un fallo humano, por parte de alguien que no ha seguido el protocolo previsto y se ha deshecho de los papeles de forma incorrecta.

El fiscal detalló que tienen dos sistemas de recogida, uno con carácter periódico y otro diario. En ambos los papeles se depositan en contenedores que están situados en una zona de la Audiencia a la que no tiene acceso el público.

En el primer caso, cuando se acumulan kilos de documentos confidenciales, se avisa a la empresa contratada, que en este caso es Saica, que los recoge y los traslada a su planta. Allí los destruye, compacta y destina a su fábrica papelera como materia prima “para un nuevo proceso productivo, garantizando de esta forma la confidencialidad en el proceso y la correcta gestión ambiental”. Así figura textualmente en el certificado de destrucción que se le exige en cada recogida, en la que se especifica la cantidad y la fecha. La última fue el 1 de abril de 2008 y se llevaron 1.070 kilos.

Cuando se trata de material diario, el fiscal jefe explicó que se tritura en las destructoras que existen en las diferentes dependencias o bien se arroja a las papeleras de cada mesa, las cuales deben ser vaciadas por el servicio de limpieza en bolsas y depositadas después en los contenedores propios de la Audiencia. Estos son recogidos después por otra empresa -Garcés Recuperación-, la cual también emite un certificado de que han destruido ese material en sus instalaciones. En el último trimestre del año recogieron 1.810 kilos, y el 3 de marzo se llevaron 3.340.

Documentos de papeleras

Alejandro Fernández, que mostró su agradecimiento porque se pongan de manifiesto los errores del sistema, afirmó que ya ha abierto una investigación para averiguar lo ocurrido, aunque no puede asegurar si dará fruto por la dificultad que entraña probar estas cosas. Lo que ya adelantó es que los documentos procedían de las papeleras de la cuarta planta de la fiscalía, que deberían haber seguido la rutina habitual.

Añadió que han hecho todo lo humanamente posible para que el circuito de destrucción funcione correctamente, y que esto ha sido una “disfunción”, de la que no puede hacerse responsable.

Por su parte, la Consejería de Justicia del Gobierno de Aragón no pudo ocultar su sorpresa y preocupación al ser informada por este periódico del hallazgo de este material “sensible” en plena calle. “Nos preocupa bastante, porque estamos hablando de datos personales que afectan a la intimidad y están protegidos por ley”, señalaban desde el Gobierno aragonés.

La administración autonómica se hizo cargo de la competencia de Justicia en enero de 2008, pero sus responsables recuerdan que la organización interna de las sedes judiciales no está entre sus funciones. “Nos corresponde proveer de material a los distintos órganos judiciales, y entre el que hemos entregado durante el primer año de competencias figuran 29 máquinas para destruir papel”, indican desde la DGA. “En cualquier caso -añaden- vamos a interesarnos por lo ocurrido, y si hacen falta más destructoras de documentos, se comprarán”.