Más de un centenar de personas se concentraron en la tarde de ayer en la plaza de España de Zaragoza para protestar por la directiva del retorno de inmigrantes redactada por el Consejo Europeo el pasado 18 de junio. La ya acuñada como "directiva de la vergüenza" modifica los procedimientos de repatriación para aquellos inmigrantes que viven en situación irregular en los países de la Unión Europea. Entre los cambios más polémicos está el que permite a los Estados la reclusión forzosa en centros de inmigrantes por un plazo de 18 meses sin necesidad de dictamen judicial. Además, certifica que ante la falta de centros puedan ser ingresados en prisiones.

La manifestación fue convocada por 21 organizaciones zaragozanas, entre las que había asociaciones vecinales, culturales, de inmigrantes, sindicatos y partidos políticos, como Izquierda Unida, Chunta o el Partido Comunista de Aragón. Los asistentes desplegaron dos pancartas: "No a la directiva de la vergüenza" y "De aquí o de fuera la misma clase obrera". En otras cartulinas podían leerse frases como: "Europa, canalla, abre la muralla" o "Europeo no seas ignorante. Tu abuelo fue también inmigrante".

"La directiva atenta contra los derechos humanos", dijo Daniel Jiménez, responsable de Acción Sindical Internacionalista. "Debemos hacer algo para alejarnos del modelo de falsa democracia de la Unión Europea", añadió. A continuación, se leyó un manifiesto en el que se hizo hincapié en que esta nueva directiva "criminaliza a las personas que llegan a la UE escapando de una miseria generada por las políticas globales impuestas por las grandes potencias económicas".

"Vulnera los derechos humanos ampliando el periodo de internamiento en los centros", explicó el coordinador de IU Zaragoza, Álvaro Sanz. "Esta política convierte a Europa en una fortaleza contra la inmigración irregular, a la que además se califica como ilegal", añadió Sanz.

La nueva directiva permitirá también a las autoridades que deporten a personas menores de edad no acompañados o, incluso, su expulsión a terceros países (aunque no sean el de origen). Además, establece que una vez que los inmigrantes irregulares hayan sido expulsados no puedan regresar al país durante cinco años.

"Hasta ahora nos han venido muy bien los inmigrantes y los hemos explotado. Ahora, como la situación económica es peor, los mandamos para casa. Eso no puede ser", apuntó Javier Grasa, presidente de la Asociación de Vecinos Venecia. Grasa se mostró muy crítico con la postura de los socialistas, ya que la mayoría votaron a favor de este decreto.

La normativa ha creado polémica en todos los países de la Unión Europea, donde se han repetido las manifestaciones de protesta contra este decreto.