La DGA perderá en torno al 65% de su participación en las empresas públicas

El Consejo de Gobierno aprobará en su próxima reunión el Decreto-Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Sector Público Empresarial por el que el Ejecutivo aragonés perderá en torno al 65 por ciento de su participación en las empresas.

La reestructuración, que espera cerrarse en un año, pasará por la dilución de acciones, por fusiones y por absorciones de competencias por parte de la Comunidad y sobrevivirán entre 30 y 35 sociedades, que serán sometidas a reglas de disciplina "severas", según ha avanzado el consejero de Hacienda, Mario Garcés, aunque no ha especificado el ahorro que supondrá ni de cuántos directivos se va a prescindir.

Para evitar "angustias" al personal, ha asegurado que en las empresas que prestan servicios de interés general se preservará el empleo público y los trabajadores no tienen por qué tener "ningún temor", si bien el Gobierno tampoco lo tendrá para hacer ajustes en la plantilla de directivos en los casos en los que hay "sobredimensionamiento", incluso en las que se mantendrán.

El decreto-ley de reestructuración incluye, entre otras medidas, la elaboración en seis meses por parte de todas las empresas de un informe de gestión y un plan económico-financiero de saneamiento a tres años con el objetivo de que en ese plazo lleguen al equilibrio económico-patrimonial.

Si ese plan no se elaborara o sufriera desviaciones en su ejecución, el Gobierno podrá cesar a los miembros de los órganos de gobierno de esa sociedad, paralizar las transferencias y aportaciones de capital y las inversiones, no conceder operaciones de garantía, participación o permanencia y limitar la autorización de endeudamiento.

Además, el Gobierno exigirá a las empresas que aprueben un plan de pagos a proveedores.

En cuanto a las medidas de control, y conforme evolucione el nuevos sistema de gestión, el Departamento de Hacienda se reserva el derecho a intervenir en las empresas públicas, ha indicado Garcés, y la Corporación constituirá una comisión de auditoría y control y todas las sociedades podrán ser objeto de una auditoría interna.

También se va a exigir a todos los directivos una declaración de bienes, derechos patrimoniales y actividades de altos cargos, su retribución tendrá un parte fija y otra variable sujeta al cumplimiento de objetivos y no recibirán en el momento de su cese indemnización alguna.

Estabilidad presupuestaria

El Consejo de Gobierno ha aprobado un proyecto de ley de estabilidad presupuestaria que persigue la eficiencia en la gestión del gasto público y que remitirá a las Cortes para su tramitación con el objetivo de que su aplicación práctica tenga efectos en las cuentas de 2013.

Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo el consejero de Hacienda esta norma marcará "un antes y un después" en la política presupuestaria aragonesa y persigue el cumplimiento del compromiso con la estabilidad, la austeridad y la contención del gasto del Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi.

El establecimiento de un techo de gasto, que también se aprobará en las Cortes para distribuir después los recursos entre las distintas políticas públicas, y de dos fondos, uno de contingencia, con un importe mínimo del 1 por ciento del límite de gasto no financiero fijado para cada año, y otro de reserva para deuda y gasto sanitario son las principales novedades del proyecto de Ley.

El fondo para deuda se nutrirá del posible superávit que se genere a lo largo de los próximos años y el Gobierno lo destinará íntegramente a disminuir el endeudamiento neto de la Comunidad -actualmente asciende a más de 3.300 millones de euros- cuando la deuda sea superior al 5 por ciento del PIB y cuando sea igual o inferior, una parte se dedicará a la amortización de deuda y otra se consignará en un fondo para gasto sanitario.

El fondo de contingencia, ha detallado Garcés, será un "colchón" para atender gastos imprevisibles a lo largo del ejercicio y pondrá "coto" a las modificaciones presupuestarias que "al final revientan las costuras del presupuesto".

En relación con el déficit, Garcés ha insistido en que el Gobierno cumplirá los objetivos que marque el Ejecutivo central, del 1,3 por ciento del PIB en los próximos presupuestos, con la previsión, en determinados casos, de un déficit adicional del 0,25 por ciento para atender inversiones productivas.

Si se incumpliera el objetivo de estabilidad presupuestaria se aprobará un plan económico-financiero de "reequilibrio", que también será objetivo de debate entre las distintas fuerzas políticas, ha agregado el consejero.

Con este proyecto de ley el Gobierno envía un mensaje de "tranquilidad" en su objetivo de lograr una política saneada y unas cuentas públicas "transparentes" y compatibles con el escenario presupuestario de los próximos cuatro años, ha destacado Garcés.

Con esta ley se busca además la responsabilidad de los gestores, su implicación en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, no sólo la de gestores de la administración general, sino también de las empresas públicas, que son las sufren mayores "desequilibrios" y requieren un mayor "saneamiento".