La Federación de Asociaciones de Militares de España (FAME) ha denunciado que el Ministerio de Defensa quiere eliminar la pensión extraordinaria concedida a la compañera sentimental de una de las víctimas del accidente aéreo militar del Yak-42, que fue condenada por el Tribunal Supremo por un delito continuado de falsificación en documento oficial por haber simulado los documentos que acreditaban que ella y el militar eran pareja de hecho.

La asociación de militares considera que la mujer, Beatriz Monreal Aliaga, debe continuar cobrando el subsidio, ya que la sentencia del Supremo la absolvía del delito de estafa, dado que "la pensión la obtuvo con documentos auténticos que probaron la convivencia", y por tanto "no la anuló".

Sin embargo, en un comunicado, la FAME denuncia que el Gobierno ha incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 una disposición adicional con la que, en atención a la sentencia del Supremo, "se anula con efectos de esa misma fecha la pensión excepcional reconocida" a favor de la ex compañera sentimental de Sergio López Saz. A juicio de la FAME, esto responde a que en Defensa "hay mentes perversas, dispuestas a hacer daño sea como sea".

La asociación de militares sostiene que el Departamento dirigido por Carme Chacón "pretende robar" a Monreal Aliaga "la pensión que obtuvo legalmente, con documentos auténticos", invocando una sentencia que "lo que demuestra es que cometió falsedad en la solicitud de determinados documentos, que no utilizó para solicitar la pensión excepcional", pero que la absuelve del delito de estafa "porque utilizó, para solicitar la pensión, documentos auténticos y demostró una convivencia de cuatro años con el suboficial antes de que fuera enviado a pensión".

La mujer fue denunciada por los padres de Sergio López y absuelta por la Audiencia de Zaragoza, una decisión que fue recurrida en casación por los denunciantes, la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

Según el relato de hechos probados de la Audiencia de Zaragoza, Beatriz mantenía una relación sentimental con Sergio López Saz, miembro del Ejército que falleció en el accidente aéreo ocurrido en Tazbon (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

Un mes después del accidente, la mujer hizo uso del DNI de su novio para obtener del Registro Civil de Zaragoza una fe de vida y estado del mismo, que empleó para obtener un certificado municipal que acreditara la convivencia de ambos como pareja de hecho. Incluso llegó a extender una firma como si hubiera sido realizada de puño y letra por Sergio, a pesar de que era consciente de su fallecimiento.

No obstante, este papel no fue presentado para los trámites de obtención de la pensión extraordinaria, puesto que no era necesario (lo acreditó certificando la hipoteca que la pareja había suscrito), y la joven obtuvo la pensión excepcional establecida por el Ministerio, que es de 25.304.70 euros anuales.

La Audiencia de Zaragoza entendió que los hechos no eran constitutivos de falsedad porque no tuvieron ninguna trascendencia jurídica, es decir, "porque no era necesaria para la concesión de la pensión extraordinaria ni fueron empleados en la solicitud (...) dado que la convivencia entre ambos, con anterioridad al luctuoso suceso, era una realidad palpable y fácilmente determinable".

Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que "una cosa es que la acusada no se arriesgara después a operar con la documentación falsa al no resultarle imprescindible para conseguir la pensión" -razón por la que fue absuelta por la Audiencia de Zaragoza-, "y otra muy distinta que la no utilización de los documentos convierta en impunes los actos falsarios por no concurrir una antijuricidad material, pues no resulta asumible que la ilicitud quede excluída por el mero hecho de no utilizar los documentos falsos".

Que los grupos parlamentarios la supriman

La FAME solicita ahora a los grupos parlamentarios que, en sus enmiendas, supriman la "aberrante" disposición adicional 44 con la que el Ministerio de Defensa, a su juicio, "está incurriendo en prevaricación". "Es un disparate jurídico que haría temblar las paredes y destruir los cimientos de nuestro 'Estado de Derecho'", afirma.

La asociación de militares insiste en que el Supremo "no anuló la pensión" y ahora Defensa se la quiere "quitar" por ley. "La viuda fue condenada y cumplió la condena, pagando los 1.080 euros de multa, por la falsedad que dio lugar a la expedición de un documento totalmente ajeno al expediente de concesión de la pensión, y que no presentó ante Defensa, cumplió su pena (impuesta por el Supremo) sin tener que ingresar en prisión, y con ello terminó el asunto", remacha.