El Ayuntamiento de Maluenda ha sido reprendido por el Justicia de Aragón por excluir este curso a un alumno porque sus padres viven en Acered. Fernando García Vicente señala en una resolución que el Consistorio se ha "extralimitado en sus funciones" y, además, ha instado al Gobierno de Aragón a que realice una "supervisión" de esta red de escuelas municipales para garantizar la legalidad.

El caso de María Jesús Lapuerta salió a la luz a principios de año. Esta madre de un niño de 22 meses denunció su situación: el Ayuntamiento maluendino no había aceptado a su hijo en la guardería municipal, de la que ya había sido alumno en el curso anterior (2006-07), por residir la familia en Acered, pequeño municipio de Campo de Daroca.

El Justicia requirió en vano información del Ayuntamiento maluendino, que no envió respuesta alguna. Mientras, la consejería de Educación, Cultura y Deporte se eximió de responsabilidad y achacó la cuestión al municipio, titular de esta escuela infantil.

En su resolución, la institución que preside Fernando García Vicente recuerda que Ayuntamiento y Gobierno de Aragón firmaron en junio de 2006 un convenio para crear el centro. A partir de este, el Ayuntamiento se ve obligado a seguir la normativa vigente, según el Justicia. En este caso concreto, un decreto de 2002 marca que el cambio de curso no requerirá proceso de admisión para un alumno inscrito en el anterior, salvo que se solicite de forma expresa un cambio de centro.

Por ello, la institución que preside Fernando García Vicente considera que el Consistorio maluendino ha "vulnerado" la legislación "en materia de admisión", y como titular de la guardería, "se ha extralimitado en sus funciones al disponer acerca de una cuestión sobre la que carece de competencias", indica.

Pero el Justicia no se limita a resaltar la responsabilidad del Ayuntamiento, sino que también reprende al propio departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que "debió exigir la inmediata readmisión del alumno". En su recomendación, García Vicente le pide que "arbitre los medios necesarios para ejercer funciones de supervisión" en la red de escuelas infantiles de la Comunidad para "garantizar" que los centros cumplen la "legalidad vigente en materia educativa". "No podemos obviar la obligación que conlleva" la implantación de guarderías, recuerda ante esta institución.

Desde el Ayuntamiento se rechazan estas acusaciones. Tras señalar que hay cuatro niños de Maluenda en lista de espera, el alcalde, Pascual Lallana (PP), dijo haber cumplido "con la legislación vigente" y "con arreglo a los intereses de los vecinos" maluendinos. Lallana aseguró que había llegado a un acuerdo verbal con esta madre para admitir al alumno solo hasta fin de curso. El primer edil reconoció que el Consistorio iba a atender los requerimientos del Justicia de documentación.