Cien hectáreas aragonesas ¿o catalanas?

La linde entre Aragón y Cataluña no está clara. Más de cien hectáreas de cultivo, ubicadas entre La Litera y Almacellas, en el límite entre ambas comunidades, son ahora objeto de litigio. Un problema de deslinde y de diferencias entre los catastros de Huesca y Lérida ponen en tela de juicio la propiedad de las mismas, al tiempo que desdibujan los límites entre ambos territorios autónomos.

La pretensión del Ayuntamiento de Almacellas de poner a la venta una serie de terrenos que considera comunales ha puesto en pie de guerra a un puñado de propietarios que tienen sus fincas en los términos de Altorricón y Tamarite de Litera, que han visto como desde el consistorio catalán se les discute la propiedad de tierras que consideran suyas. Si bien al coincidir los lindes de las mismas con los límites entre municipios -que también los son entre comunidades- se origina un conflicto por lo vagas que son las referencias sobre las que se asientan dichas lindes y que son tomadas como partida para establecer la propiedad de los terrenos.

Históricamente, se ha considerado que el cauce de la Clamor Amarga o de Almacellas marcaba el límite entre Cataluña y Aragón en esa zona, tal como estableció Jaime II en 1300. Sin embargo, desde entonces, el cauce de este barranco ha variado por las mejoras y obras a que ha sido sometido, como su canalización a mediados del siglo pasado, lo que conllevó la desecación de zonas pantanosas anexas que los agricultores fueron incorporando a sus fincas, incluidas en sus escrituras de propiedad, en las distintas contribuciones y sucesivos catastros aragoneses. Ahora son de regadío y son las que reclama Almacellas como parte de sus comunales.

El alcalde de esta localidad, Josep Ibarz, explica que su consistorio parte de un deslinde de 1925, que llevó a cabo la entonces denominada Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral (hoy Instituto Geográfico Nacional), "la única válida en este momento", argumenta, para fundamentar su reivindicación, ya que en ese documento, dice, la Clamor se halla totalmente incluida en el término de la localidad catalana.

La intervención del Estado

Ibarz asegura que "no hay ninguna pretensión de politizar el tema, ni ninguna otra intención", solo la de vender unos lotes de terrenos que consideran propios. Si esto remueve un contencioso por los límites entre comunidades autónomas, añade, "que sea el Estado el que lo solucione y no alguien que esté en la trinchera, porque los disgustos entre vecinos siempre son estériles".

En parte, en este punto coinciden con él los alcaldes de Tamarite de Litera, Francisco Mateo, y el de Altorricón, Salvador Plana, que también están de acuerdo en que el asunto de los límites debe solucionarlo el Estado. Sin embargo, Salvador Plana, que tiene algunos vecinos afectados por este litigio, ha comentado que sobre su mesa está pendiente el expediente para intentar solventar, de una vez por todas, las diferencias que surgen en torno a la delimitación de los términos, tal como le reclaman estos vecinos, y que se puso de manifiesto cuando la empresa encargada de los carteles informativos de la autovía A-23 colocó el anuncio del límite entre comunidades al menos trescientos metros dentro de lo que Altorricón considera Aragón y que fue retirado por sus protestas.

Para los vecinos es una cuestión de "dejadez" por parte del Gobierno de Aragón, tal como denuncia Francisco Santolaria, que es uno de los litigantes con el Ayuntamiento de Almacellas, que le reclama como suyas alrededor de cinco hectáreas que, según el agricultor, se han logrado modificando en las sucesivas revisiones las lindes catastrales, "arrancando cada vez más terreno a Aragón", se lamenta. Y lo hace mientras muestra planos topográficos facilitados por la DGA en los que se recogen hasta tres límites distintos, según la fuente utilizada.

El resultado es que este agricultor de Altorricón, por cuyas propiedades discurre la autovía, aún tiene en el aire las indemnizaciones por la expropiación de sus terrenos, debido al pleito que arrastra con Almacellas -que le reclama algo más de una hectárea de lo expropiado- y del que él culpa, en parte, a esa dejadez aragonesa por establecer los límites con claridad.