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POLÉMICA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN UNA EMPRESA PÚBLICA

CHA e IU piden una investigación de la gestión de Savia en la empresa CAG

Savia invirtió 2.200.000 euros para tapar el cierre de la empresa privada CAG, que había quebrado pese a una inversión millonaria del Gobierno de Aragón, tras lo cual se destruyeron los prototipos y otros materiales, según se conoció a raíz del informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de la Administración autónoma en 2004 y 2005 publicado en HERALDO DE ARAGÓN.

Imagen del primer avión que salió de las instalaciones de Tecnam en el polígono aeronáutico de Villanueva de Gállego, en agosto de 2008.
La DGA aparca el parque aeronáutico de Villanueva, tras el fracaso de CAG y Tecnam
ESHTER CASAS

Los Grupos Parlamentarios de Chunta Aragonesista (CHA) e Izquierda Unida de las Cortes de Aragón han solicitado este lunes la creación de una Comisión de Investigación en sede parlamentaria para esclarecer las posibles responsabilidades políticas del consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, por la gestión realizada por la sociedad pública de capital riesgo Savia, en relación con la empresa Composite Aeronautic Group (CAG) de Villanueva de Gállego.

Chunta ha solicitado, asimismo, la comparecencia en las Cortes del consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, y del que fuera responsable de CAG y, durante años, consejero delegado de la Corporación Empresarial Pública, Santiago Coello.

Savia invirtió 2.200.000 euros para tapar el cierre de la empresa privada CAG, que había quebrado pese a una inversión millonaria del Gobierno de Aragón, tras lo cual se destruyeron los prototipos y otros materiales, según se conoció a raíz del informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de la Administración autónoma en 2004 y 2005 publicado en HERALDO DE ARAGÓN.

En concreto, IU y CHA pretenden esclarecer la decisión de evitar el concurso de acreedores --la declaración judicial de quiebra- una vez se había acordado el cese de actividad, así como la existencia o no de compradores de prototipos, la decisión de destruirlos, las condiciones de entrada de la empresa Tecnam, el pleito con la empresa Moebius y el resultado del consiguiente laudo arbitral. La Comisión de Investigación duraría un mes.

En rueda de prensa, la presidenta de CHA y parlamentaria, Nieves Ibeas, y el diputado autonómico de IU, Adolfo Barrena, han exigido al consejero de Economía del Gobierno autónomo, Alberto Larraz, responsable último de Savia, que explique en las Cortes autónomas esta actuación, que tanto CHA como IU critican por haberse ocultado y por considerar que el dinero público no se ha gastado adecuadamente.Pésima gestión

Nieves Ibeas ha justificado la solicitud de investigar el caso desde el Parlamento por "la pésima gestión" de Savia en esta empresa y por "las responsabilidades" del Gobierno autónomo al respecto. Ibeas ha recordado que el asunto CAG "nos ha llevado a plantear numerosas iniciativas" durante años, como la reiterada solicitud de comparecencia de algunos cargos públicos.

La presidenta de CHA ha lamentado que el Gobierno autónomo "haya permanecido callado, intentando tapar todo", después de que se hiciera público el informe del Tribunal de Cuentas a raíz del cual se conoció la decisión de gastar 2,2 millones para tapar la quiebra de CAG.

"Estamos ante una malísima gestión" del dinero público, basada en "el despilfarro" e, incluso, "el oscurantismo", según Ibeas, quien ha dicho que, si lo publicado es cierto, entonces el consejero de Economía "nos ha estado mintiendo".

Todo lo que se ha dicho "es lo suficientemente grave" para que CHA haya considerado que es su "obligación política" y "ética" presentar esta solicitud de creación de una Comisión de Investigación, ha insistido Ibeas, quien ha mencionado el artículo 64 del Reglamento de las Cortes, según el cual, a petición de dos Grupos Parlamentarios, el Pleno de las Cortes debe debatir si crea la Comisión.

Nieves Ibeas ha proseguido afirmando que CHA ya solicitó información sobre CAG, ha expresado que no hubo "ninguna intención de venir a aclarar nada" y ha considerado que, si había "problemas", el Gobierno tenía "la obligación política" de venir a explicar lo sucedido cuando Chunta inició las solicitudes de información sobre CAG.

La presidenta de CHA ha estimado que el Gobierno ha evitado dar explicaciones a las Cortes autónomas sobre su gestión al invertir en diversas empresas privadas, a través de SAVIA, como socio minoritario, lo que legalmente permite al Ejecutivo no informar sobre las mismas, lo que habría ocurrido en este caso, siempre según CHA.

CHA ha exigido "constantemente" responsabilidades, ha dicho Ibeas. "Creíamos y creemos que había que actuar y que hay que actuar", ha sentenciado.

La "opacidad" con que se ha actuado es "injustificable", ha continuado Ibeas, quien ha especificado que el Gobierno de Aragón no dio a conocer los hechos para "ocultar este fracaso" en la gestión del dinero público a través de Savia. "Todo esto nos parece gravísimo" por el "auténtico despilfarro" y el "oscurantismo imperdonable" que han caracterizado esta operación económica, ha lamentado Nieves Ibeas.

Dinero público

Por su parte, el diputado de IU, Adolfo Barrena, ha expresado que "este tema se aborda de manera diferente desde la izquierda que desde la derecha", tras lo que ha indicado que es preciso "saber, exactamente, qué es lo que ha pasado", ya que "estamos hablando de dinero público".

Barrena ha indicado que, junto con la crisis "están apareciendo muchas dudas sobre la gestión pública, muchas tramas ocultas" y ha exigido saber "si se ha hecho bien o se ha hecho mal".

Al Gobierno de Aragón "se le han pedido explicaciones" por "cosas que no se entendían" en este asunto, si bien el Ejecutivo autónomo se ha escudado en el Derecho mercantil, que limita la posibilidad de control por parte del Parlamento.

Adolfo Barrena ha agregado que "ha llegado el momento de que lo expliquen", por lo que IU apoya esta iniciativa. El primer interesado debe ser el Gobierno de Aragón, ha considerado Barrena, quien ha dicho que "a simple vista" en este caso no se puede "recurrir al silencio".

"Queremos saber qué ha pasado", ha proclamado el diputado de Izquierda Unida, quien ha considerado "responsable" esta decisión por la decisión del consejero de Economía, Alberto Larraz, de "no venir a informar".

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