La consejera de Educación del Gobierno aragonés, María Victoria Broto, ha asegurado que la convivencia en los centros educativos de Aragón es buena y ha rechazado que pueda imponerse la autoridad del profesor "por decreto", en contraposición a la postura del PP.

Broto ha comparecido en la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón para explicar las medidas que ha puesto en marcha el Departamento para afrontar la violencia en las aulas a petición del PP, cuya portavoz, María Antonia Avilés, ha defendido recuperar la autoridad que el profesor ha tenido "durante muchísimos años" y en fomentar en los alumnos el esfuerzo, la autoestima, la responsabilidad y el respeto.

Para Avilés, las decisiones que ha adoptado la Consejería para atajar este problema, como los planes de convivencia o la creación de una asesoría, son insuficientes, ya que los casos de violencia en los centros, aunque no sean cifras "enormes", se han duplicado, según un informe de la Fiscalía de Menores, lo que indica que hay que hacer algo distinto para evitar la curva ascendente "siga en esa dirección".

Ha recalcado que 42 profesores han pedido ayuda psicológica en el último año y en que existen muchas bajas por depresión, y el origen, ha subrayado, es la violencia de los alumnos, por lo que hay que recuperar la autoridad del docente, como ya promueven otras comunidades, como la de Madrid.

Sin embargo, Broto ha insistido en que la autoridad de un profesor "no se impone por decreto" y en que la convivencia es mucho más que aprobar órdenes, porque los resultados se consiguen con los contenidos que se transmiten a los alumnos, entre ellos los de Educación para la Ciudadanía, que incluye -ha ironizado- temas "revolucionarios" como vivir en comunidad.

Además de remarcar que la tolerancia es un valor y que los que defiende el PP tienen más que ver con la imposición y la autoridad y son "antiguos", ha insistido en que poner en valor la figura del profesor es poner medios, que se sienta respaldado por la administración y en que no haya diferencias entre los docentes de la escuela pública y la concertada.

En eso, ha agregado, trabaja el Departamento, que desde que asumió las competencias educativas, hace diez años, ha duplicado el presupuesto y ha aumentado en 4.000 el número de docentes.

La Consejería trabaja en la tolerancia y en la resolución pacífica de los conflictos, ha agregado Broto, quien ha destacado el acuerdo de febrero de 2008 con toda la comunidad educativa para mejorar la convivencia con una serie de medidas.

Entre estas medidas se encuentra la revisión de la normativa sobre derechos y obligaciones de los alumnos -que espera que esté redactada este curso, según ha comentado a los medios de comunicación- y sobre la organización de los centros.

Además, ha defendido el funcionamiento de la asesoría de atención psicológica, pedagógica y jurídica, que el curso pasado recibió 182 consultas sobre 113 casos, el 76% de la provincia de Zaragoza y la mayoría sobre problemas entre alumnos de Primaria.

Concurso de buenas prácticas

Broto ha comentado también que está previsto enviar a los centros protocolos de actuación para la resolución de conflictos y que se va a convocar un concurso de buenas prácticas para el curso 2009-2010, con el que los centros podrán aprender de la experiencia de otros.

Nieves Ibeas, de CHA, tampoco ha compartido que haya que dar autoridad pública al profesor, como plantea el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero tampoco que se den las condiciones en las aulas aragonesas para atajar problemas de convivencia por el aumento de la ratio de alumnos por clase y el incremento de la diversidad.

El diputado de IU, Adolfo Barrena, ha discrepado de la visión "tremendista" del PP, que quiere, a su juicio, reforzar la autoridad y las medidas represoras cuando los problemas en los centros no se resuelven "a golpe de decreto", sino con diálogo y participación.

Carlos Álvarez, del PSOE, ha considerado que la visión alarmista del PP no ayuda a "encarrilar" el problema y que espera que la recuperación de la autoridad del profesor por la que aboga no se refiera a la de los años de "triste recuerdo", mientras que María Herrero (PAR) ha criticado el discurso interesado y sesgado de los diferentes grupos parlamentarios en un asunto "complejo" que es reflejo de la sociedad actual.