El presidente del Congreso de los Diputados y ex ministro de Defensa, José Bono, declaró en la Audiencia Nacional que hubo "ánimo de ocultación evidente" por parte del Ministerio de Defensa tras el accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles al estrellarse en 2003 el avión en el que regresaban de Afganistán. Bono, tercera autoridad del Estado, declaró como testigo "por respeto a la Justicia y a la memoria de los que murieron" ante el juez Fernando Grande-Marlaska, que investiga si hubo irregularidades en la contratación del avión siniestrado.

El presidente del Congreso explicó al juez que, tras llegar en 2004 al Ministerio de Defensa, tardó un año en recopilar toda la documentación relativa al siniestro dada la complejidad de la cadena de subcontrataciones, en la que participaron siete empresas y que desembocó en el alquiler del avión accidentado. Según fuentes jurídicas, en algunos de esos papeles, en concreto en dos copias del contrato entre las empresas Volga y Adriatyc, los importes aparecen tachados con Tipex o borrados a propósito. Bono se comprometió a aportar esos documentos, recabados en el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), a la causa para que el juez pueda seguir investigando. Esas cantidades pueden ser determinantes, por ejemplo, para aclarar quién se quedó con el dinero correspondiente al seguro del pasaje -75.000 euros por pasajero- que se esfumó en la cadena de subcontrataciones y que el Gobierno tuvo que abonar con cargo al erario público.

Las fuentes consultadas explicaron que, según declaró Bono, hay constancia de que al menos dos de las quejas de los militares sobre las condiciones de seguridad de los aviones llegaron al Ministerio. Se trata de las denunciadas en sendos informes del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (CISET) y del Mando Aéreo de Levante (MALEV). La primera, aseguró, llegó en un informe clasificado al Estado Mayor de la Defensa, y "con toda seguridad" de allí fue trasladada al gabinete del ministro. La segunda fue transmitida por fax directamente al Ministerio de Defensa. El malestar de los militares, señaló, era "alto y elocuente".

Bono explicó al magistrado, siempre según estas fuentes, que tras dedicar los dos años que estuvo al frente del departamento a investigar lo ocurrido, llegó a la conclusión de que hubo "veintidós irregularidades" que afectaban al avión -que sufría varias averías que convertían el vuelo en ilegal- y a la formación, destreza y fatiga de la tripulación. También resaltó que España tenía el "derecho" y la "obligación" de inspeccionar los aviones contratados para transportar tropas, y que eso nunca se hizo. El ex ministro aseguró que hubo restricciones en el presupuesto para contratar los vuelos a causa de la participación en la guerra de Iraq y del vertido del Prestige. Su conclusión fue que "este avión no debía haber volado".

Un ciudadano más

Al término de su declaración, Bono declaró ante las cámaras que quiso acudir a la Audiencia Nacional, pese a que le ofrecieron declarar por escrito o hacerlo en su despacho oficial. "No he dicho nada que no hubiese dicho siendo ministro en el Congreso de los Diputados". "He dicho todo lo que sabía de lo que me han preguntado y estoy aquí porque he sido llamado, no soy el juez, el fiscal ni el abogado de nadie". "Creo que cumplía mi obligación viniendo, como un ciudadano más", remachó.

Antes de salir de la Audiencia Nacional, Bono -que estuvo acompañado en todo momento por el presidente del tribunal, Carlos Dívar, se reunió en privado con las familias de los fallecidos en una sala de vistas. Los representantes legales de los afectados agradecieron su presencia en el juzgado, que consideraron "un gesto democrático de altura para con la Justicia". Este martes, la sección tercera de la Sala de lo Penal se reunirá a las diez de la mañana para estudiar los recursos de la Fiscalía y de las familias afectadas contra la decisión del juez de archivar la otra parte del sumario, por la que se investiga si hubo delito en las identificaciones erróneas de casi la mitad de los cadáveres.