Poco más de media hora estuvo Alfredo Boné, consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en el despacho del juez Alfredo Lajusticia, instructor del caso abierto por presunta corrupción urbanística en la Muela, en el que ya hay 43 imputados, entre ellos la alcaldesa, María Victoria Pinilla. Boné fue citado como testigo para que aclarara una serie de cuestiones por las que están imputadas varias personas, entre ellas su ex escolta, Antonio Royo.

A Royo se le atribuye un delito de tráfico de influencias porque, según consta en el sumario, se interesó en múltiples ocasiones por expedientes del Departamento de Medio Ambiente, que también concernían a su madre e imputada, María Jesús Velilla, que actuó de intermediaria en varias operaciones inmobiliarias.

Según fuentes jurídicas, Boné, tras decir que no suele tener trato con sus escoltas, reconoció que Royo sí que le preguntó por un expediente pero que él le remitió a su viceconsejero. Al ser interpelado sobre si se sintió o no influido por su guardaespaldas o si consideró que su intención era influenciarle, respondió que no.

La fiscal le interrogó sobre cómo se gestionan las subvenciones en su departamento. El interés proviene del presunto fraude que el Ayuntamiento de La Muela cometió al falsear facturas sobre 23 supuestas obras que nunca se hicieron para recibir 435.000 euros del Instituto Aragonés del Agua (IAA).

Por este asunto -considerado delito de fraude, exacciones ilegales, malversación y falsedad- están imputados el concejal Juan Carlos Rodrigo; el arquitecto municipal, Antonio Núñez; Antonio Fando (contratista de las obras), y la alcaldesa.

El secretario general del PAR fue preguntado sobre el procedimiento del pago de subvenciones y, además de explicarlo, dijo que es al final cuando se comprueban que están hechas las obras y que se supone que hay una «buena fe» en las instituciones. Al salir del juzgado, confirmó que el IAA se ha personado en el caso y ejecutará acciones civiles.

Las conversaciones que la Policía grabó entre el consejero y María Victoria Pinilla también salieron a relucir aunque Boné les quitó importancia y dijo que eran simples «coletillas» del lenguaje que desde entonces «ha erradicado por completo». Entre ellas, una respuesta que dio a Pinilla cuando esta le preguntó por el planeamiento urbanístico del SR-1 y él contestó: «No hago más que trabajar para ti». Acto seguido, le dijo que «ya le había metido un millón de euros en la actuación de los ramales (del agua)». Ese millón era para 2009 y nunca fue ejecutado.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Zaragoza, Martín Llanas, declaró como testigo en relación al visto bueno que la Comisión de Ordenación del Territorio dio a la sexta fase del polígono de Centrovía y a una conversación telefónica mantenida con la alcaldesa. Llanas defendió la legalidad de los acuerdos adoptados por la comisión y dijo que ese en concreto fue aprobado por unanimidad. Admitió que la ponencia técnica recomendaba otra cosa -no abordar la sexta fase del polígono sin estar urbanizada la quinta- pero que tras un debate «muy encendido» se aprobó. En cuanto a la «maldita llamada» que le hizo Pinilla para que le «echara una mano» en la comisión y él respondió con un «vale, vale» dijo: «Es la clásica pregunta que nos hacen los alcaldes a todas horas, tipo Martínez Soria. Algo parecido a ¿como va lo mío? Y yo en ese sentido le respondí».

Fausto Comenge, ex director de cooperación e infraestructuras de la Diputación de Zaragoza, se marchó sin hacer declaraciones.