Beltrán niega haber pagado dinero en 'B' a la sociedad urbanística de La Muela

El juez que instruye la Operación Molinos retomó ayer las declaraciones tras el recurso interpuesto por la defensa de Arturo Beltrán, precisamente una de las personas citadas para testificar. El empresario utebano negó haber pagado con dinero negro cuatro parcelas que compró a la sociedad urbanística de la Muela y que vendió ese mismo día a Aranade (que tiene adjudicada la gestión de la entidad muelana). El representante de Frenos Zaragoza también rechazó las acusaciones por presunto delito fiscal.

Junto a las defensas de los imputados, en los Juzgados de La Almunia estuvieron presentes los abogados de algunos de los encausados en la trama de La Muela, como Enrique Trebolle, Rafael Ariza o Valentín Romero.

Toda la declaración de Beltrán giró en torno a la mencionada compraventa en la urbanización del Alto de La Muela Norte. La defensa de Beltrán, que ejerce Manuel Catalán, aseguró a la salida de los Juzgados que solicitará próximamente el sobreseimiento de la causa. "No hay ninguna prueba de que se haya pagado en 'B'. Hay operaciones en las que otras sociedades adquirieron suelo al mismo precio que Ebrogán. Mi cliente compró a precio de mercado", explicó el letrado.

La fiscal considera a Arturo Beltrán -al igual que sucede con otros cinco empresarios- cooperador necesario de Carmelo Aured en un presunto fraude contra la Hacienda Pública, cometido por este último al haber dejado de pagar más de 2,5 millones de euros al fisco. Aunque formalmente no se han producido nuevas imputaciones, las preguntas formuladas por el ministerio fiscal al empresario utebano han ampliado por la vía de los hechos las acusaciones hacia Beltrán, según fuentes consultadas, pese a que no se haya efectuado una calificación determinada.

Ayer también declaró por presunto fraude fiscal el representante de la empresa Frenos Zaragoza, Manuel Boned Aina, a raíz de una operación en la que Boned vendió suelo a un testaferro de Carmelo Aured, Félix Latorre, que traspasó a su vez esta parcela a Nuevos Hogares. Según los investigadores, Boned habría recibido presuntamente 630.000 euros como recompensa por la operación. Su abogado, Carlos Moreno, tachó de "auténtico disparate" la imputación. "Mi cliente estaba en el peor momento y en el día equivocado", manifestó Moreno.

Un banquero como testigo

Finalmente compareció en calidad de testigo el ex director de una sucursal de Caja Inmaculada (CAI) en Zaragoza en la que se tramitó una de las operaciones investigadas. El banquero negó que en su oficina se hubieran desarrollado estas operaciones irregulares, y lo justificó con el hecho de que el montante económico que se investiga excede a las competencias de una agencia ordinaria. De hecho, el ex director de la sucursal negó que un fax enviado supuestamente en octubre de 2004 en relación con esta intervención tuviera el formato que emplea la sucursal bancaria.