Barbastro dice ante la juez que Lérida ya ha reconocido que los bienes no son suyos

"Las pruebas aportadas por el obispado de Barbastro-Monzón y los actos propios del de Lérida no se pueden desmentir y bastan para acreditar que los bienes nunca dejaron de ser propiedad de Barbastro". Así resumió ayer el abogado de la diócesis oscense, Hipólito Gómez de las Roces, sus argumentos para defender la titularidad aragonesa del arte en litigio, durante el primer juicio civil por la propiedad de 87 de las 112 piezas, que se celebró ayer en Lérida.

Tras más de tres horas de vista oral, el caso aún no está visto para sentencia, puesto que el obispado ilerdense, en un último intento por tratar de demostrar que es dueña de las obras, pidió aportar varios documentos "esclarecedores", según su abogado, Javier Gonzalo.

Se trata de las actas notariales en las que el anterior prelado, Francesc Xavier Ciuraneta, recopiló los protocolos, cartas y facturas del obispo Messeguer, que empezó a reunir en 1895 los bienes ahora en litigio. En ellos, sostiene Lérida, queda claro que las obras fueron adquiridas, "porque se pagaron en especie o en metálico", algo que rebatió en su declaración el vicario general de Barbastro-Monzón, Pedro Escartín: "No está documentado y no fueron adquiridas". "Preservar los bienes no hace que se pierda la propiedad", alegó.

Otra de las pruebas que pretenden aportar es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2008, que desestimó los recursos de la Diputación y del obispado de Lérida contra la 'resolución con la que la Generalitat blindaba las obras y en la que se escuda Lérida para no entregarlas.

Sí se presentó el documento de 1943, cuando, tras custodiar el arte durante la guerra en Zaragoza, el Gobierno las devolvió al entonces administrador de Lérida, jurando ser "legítimo propietario", como destacó Francesc Sapena, abogado de la Asociación de Amics del Museu de Lleida, que interpuso la demanda contra el obispado ilerdense. No obstante, el letrado de Barbastro-Monzón hizo notar que la misma acta dice que se entregan "en calidad de depósito y quedando siempre a salvo todo mejor derecho sobre los mismos, que pueda alegarse por otra persona", "una objeción muy seria a la supuesta propiedad" de Lérida, consideró.

En sus conclusiones, Gómez de las Roces se refirió a varios hechos y declaraciones de los últimos obispos ilerdenses en los que admitían su obligación de devolver las piezas en base a los decretos vaticanos, que siempre han reconocido a Barbastro como legítimo propietario "en términos tan contundentes que no han sido rebatidos", aunque el conservador y ex director del Museo Diocesano, Jesús Tarragona, que declaró como testigo, afirmó que eso "aquí no vale". "La cuestión del patrimonio tiene que pasar por la justicia civil, que es la que respetamos", añadió.

En la misma línea, el vicario judicial, Antonio Agelet, en representación de la diócesis ilerdense, llegó a decir que "el único título de propiedad" de Barbastro "es el de la Santa Sede", lo que indignó al letrado aragonés y provocó la intervención de la jueza, Beatriz Terrer: "Me sorprende esta valoración de un vicario sobre lo dicho por el Vaticano". Eso sí, Agelet tuvo que reconocer a preguntas de Gómez de las Roces que Lérida no pidió, y por tanto no obtuvo, el permiso del depositante (Barbastro) para ceder las obras al Consorcio del Museo, y tampoco solicitó autorización a Roma para integrarse en este órgano con las instituciones civiles catalanas. "Lo más llamativo de los documentos -destacó el abogado - es lo que falta: el consentimiento para que el ardid de constituir el Consorcio no fuera una actuación en apariencia fraudulenta".

Por su parte, Gonzalo defendió la "voluntad" de devolver las obras. "Acatamos las resoluciones de la Iglesia pero tenemos derecho a no compartirlas", dijo.

Sobre la usucapión que alegaron los Amics -adquisición de algo por su tenencia durante 6 años-, Sapena dijo que "nadie se gasta un dineral en una restauración si es depositario", y echó mano de la jurisprudencia. De las Roces recordó que "la Signatura Apostólica ya dijo que no era posible".

Ahora, la juez tendrá que decir si acepta las pruebas que solicita el abogado del obispado de Lérida.