El proceso del exequátur solicitado por el obispado de Barbastro-Monzón y el Gobierno de Aragón, para que un juez civil ejecutara el decreto vaticano que obliga a Lérida a devolver los 112 bienes sacros retenidos en su Museo Diocesano y Comarcal, aún no está cerrado. Ambas instituciones, que instaron esta medida hace un año, anunciaron ayer su intención de recurrir ante la Audiencia Provincial de Huesca el auto dictado el pasado lunes por el juez de Primera Instancia de Barbastro, en el que denegaba el exequátur argumentando que es la Iglesia la que debe ejecutar sus propias resoluciones, si bien recuerda "la obligación del Estado de colaborar en el cumplimiento de las normas internacionales" en caso de que alguna autoridad española lo impida.

La diócesis de Barbastro-Monzón informó en un comunicado de que ayer mismo se había presentado en el Juzgado barbastrense el escrito preparatorio del recurso de apelación que pretende interponer contra la negativa a conceder el exequátur, que, según se recuerda, "esta parte promovió para lograr el reconocimiento y ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, de fecha 28 de abril de 2007, y que se encuentra todavía pendiente de ejecución, pese a ser firme, ejecutiva e inimpugnable".

El obispado destaca que aunque el auto "no ha dado satisfacción" a su requerimiento, "debe ponerse de relieve que reconoce sin duda que la plena propiedad de dichos bienes corresponde a esta diócesis", un aspecto en el que coincidió el presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, quien tras conocer el fallo resaltó que "lo que dice está en la línea de lo que nosotros hemos defendido".

La diócesis aragonesa también hace hincapié en el hecho de que el juez "estime que no sºea la vía del exequátur la procedente, a diferencia de lo entendido acerca del mismo punto por el informe previo de la Fiscalía". En este sentido, cabe recordar que el Ministerio Público se mostró favorable a la admisión de la solicitud aragonesa, al entender que la Justicia española puede exigir la devolución de los bienes.

"Espíritu de concordia"

Por todo ello, y "con absoluto respeto", insiste el comunicado, el obispado "entiende que procede acudir a la apelación, compatible, además, con la esperanza de que todas las partes concernidas entiendan que se trata con ello de aceptar el juicio de la Iglesia Católica al que sus iglesias particulares deben plena obediencia", en una clara alusión a los sucesivos obispos de Lérida, que siempre han argumentado su imposibilidad de cumplir lo ordenado por Roma alegando trabas administrativas. Además, Barbastro quiso dejar claro que "agradece de corazón todas las muestras de afecto y de adhesión que viene recibiendo", y confió en que "nada de lo sucedido impida la ejecución de la sentencia de la Signatura Apostólica ni quebrante el espíritu de concordia dentro de la Iglesia".

Por su parte, el Gobierno de Aragón también mostró su intención de apelar como "coadyuvante", la misma fórmula que se utilizó para presentar el exequátur. En este sentido, Marcelino Iglesias reiteró su apoyo a "todas las acciones jurídicas del obispado para que esas obras vuelvan a Barbastro".

Los fundamentos en los que se basará el recurso todavía no se conocen -las partes tienen hasta comienzos de la próxima semana para interponerlo-, si bien el escrito preparatorio firmado por el abogado del obispado, Hipólito Gómez de las Roces, afirma que se considera "dicha resolución no ajustada a Derecho".