Aured declara que no cobró dinero negro como intermediario ni defraudó al fisco

Ni Carmelo Aured actuó como intermediario en varias operaciones inmobiliarias en La Muela y cobró en dinero negro ni los empresarios mintieron a Hacienda a la hora de reflejar el precio de compraventa de los terrenos. Por lo tanto, ni uno defraudó al fisco ni los otros cooperaron para cometer el delito. Esta es la principal conclusión que puede extraerse de las declaraciones que ayer prestaron ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia el ex alcalde de La Muela, Carmelo Aured, y los empresarios Arturo Beltrán Picapeo e Ignacio Usaín Aspiroz.

El primero estaba citado para responder como presunto autor material de un delito contra la Hacienda Pública y los otros dos como cooperadores necesarios. El asunto que trata de dilucidarse en el juzgado es si Aured defraudó 2.576.000 euros en los periodos 2003-2004, cantidad que, según la fiscal del caso, procede del cobro de dinero negro por mediar en compraventas de terrenos en La Muela. Ante el instructor del caso negó que interviniera en las operaciones que le atribuye el fiscal y, a la salida del Juzgado, dijo que estaba "bien", "tranquilo" y que había quedado "todo aclarado".

Los siguientes en testificar fueron Ignacio Usain, como administrador único de Construcciones de Sagain, y Arturo Beltrán, como responsable de Ebrogan.

Usaín llegó antes que su letrado, el catedrático de Derecho Penal Luis Rodríguez Ramos, y abandonó el Juzgado antes que él y logró esquivar a los medios de comunicación. A la salida, el abogado tan solo dijo que su cliente había respondido sobre "cuestiones muy documentadas" y eludió dar cualquier detalle.

En concreto, la fiscal le interrogó sobre si Aured había sido el intermediario en una venta que la sociedad PVL Viviendas de España S. L. hizo a Sagain y que esta cedió 22 días más tarde a la empresa Nyesa. Sagain pagó a PVL un anticipo de 600.000 euros más IVA y esta facturó a Nyesa 2.445.117 euros por el concepto de honorarios en intermediación.

En total, PVL -de la que es administrador Miguel Ángel Horta Lázaro, a quien Hacienda considera testaferro de Carmelo Aured y que tiene que declarar el lunes ante el juez por esta causa- percibió por esta operación 3.045.117 euros. Esta cantidad fue retirada del banco por Horta en cheques en efectivo y el fisco resalta que dos de esos tres millones los sacó en billetes de 500, algo de lo que no informó el banco.

Cuando los inspectores de Hacienda hablaron con los vendedores, dijeron que no conocían a PVL ni sabían de otros intervinientes en esta operación que la compradora Nyesa.

Para la Agencia Tributaria, PVL es una sociedad sin medios personales ni materiales, que responde al perfil de un testaferro y que supuestamente ha sido utilizada por Carmelo Aured. La firma la constituyeron en 1995 Félix Latorre Serrano -que hoy declarará por este asunto- y dos personas más. Posteriormente, en 2004, se queda como socio único Miguel Ángel Horta, a quien los inspectores y el juzgado han tenido grandes dificultades para localizarlo y citarlo, puesto que ha tenido ocho domicilios distintos en diez años. Hasta 2004, no tuvo ningún saldo en su cuenta y el primero fue los 600.000 euros que ingresó Sagain.

El siguiente en ser interrogado fue el administrador único de Ebrogan, Arturo Beltrán, que llegó al juzgado con su abogado Manuel Catalán y Enrique Trebolle.

Ebrogán compró terrenos a la Sociedad Urbanística de La Muela por 2.874.250 euros, precio que la Agencia Tributaria considera inferior al precio de mercado. Los inspectores creen, a tenor de la documentación incautada, que lo que se pagó realmente fueron 4.327.287 euros y que la diferencia la cobró Aured como comisión.

Cuestión de competencia

Arturo Beltrán mantuvo que compró las fincas a la Sociedad Urbanística de La Muela a 42 euros el metro cuadrado, lo que era precio de mercado, y vendió unos días después cuatro parcelas a Aranade, empresa que gestiona la Sociedad, por una cantidad similar que, además, coincidía con la de los tasadores oficiales.

En el interrogatorio al empresario se suscitó una cuestión procesal ya que la fiscal quiso interrogar sobre otra compraventa de Beltrán, a lo que se opuso su abogado ya que entendía que no había conexidad con el presunto delito que se está investigando. El letrado planteó una cuestión de competencia declinatoria ya que entiende que ese juzgado debe inhibirse a favor de otro juzgado.