Juzgados atascados en Zaragoza

El volumen de trabajo que arrastran los juzgados de primera instancia ha adquirido tal dimensión que amenaza con bloquear la jurisdicción civil. Solo en Zaragoza, hay más de 40.000 sentencias pendientes de ejecutar, más que en el resto de jurisdicciones juntas. Y por si el problema era pequeño, la crisis económica contribuyó a agravarlo y a multiplicar los concursos de acreedores, denuncias por despidos, reclamaciones de impagos o embargos.

No obstante, la estadística del último trimestre de 2010 permite albergar cierta esperanza, puesto que han caído las denuncias por despidos, los monitorios (reclamaciones de impagos entre empresas) y las ejecuciones hipotecarias. Sin embargo, el departamento de Justicia quiere acabar con el 'tapón' y ejecutar las sentencias pendientes. Como primera medida, va a contratar a 16 interinos para reforzar los juzgados más saturados.

Los nuevos trabajadores se incorporarán a sus puestos el próximo 1 de febrero, aunque dedicarán los tres primeros días a recibir formación. Superado ese pequeño periodo de adaptación, tendrán que enfrentarse a un labor ingente: tratar de organizar los miles y miles de expedientes que se acumulan en los archivos. En principio, dispondrán de seis meses para ello (periodo para el que han sido contratados), pero no se descarta que ese plazo termine prorrogándose.

Con la contratación de estos interinos, Justicia asume un doble reto. Por un lado, intentar acabar con el 'tapón' que amenaza con paralizar la jurisdicción civil. Y por otro, allanar el camino hacia la puesta en marcha de la nueva oficina judicial en Aragón. Porque la administración de Justicia afronta un cambio radical de organización, y los juzgados, tal y como hoy los conocemos, están a punto de desaparecer. En un futuro próximo, los jueces contarán con muchos menos funcionarios a sus órdenes, ya que la gran mayoría de estos estarán destinados en los llamados servicios comunes.

"Se trata de una transición laboriosa. Y lo que ahora hacemos es poner en marcha una primera experiencia piloto", señala el viceconsejero de Justicia, José María Bescós. "Hemos decidido hacerlo con los juzgados de primera instancia de Zaragoza porque es donde tenemos el mayor problema. Es mucho más arriesgado, pero también mucho más funcional. Porque si el nuevo modelo funciona aquí, podemos pensar que lo hará en el resto de jurisdicciones", añade.

Ligera mejoría

El último informe sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales permite atisbar algún rayo de esperanza. No en vano, se aprecian ligeras mejorías, como la caída del número de denuncias por despidos. En el tercer trimestre de 2010, último dato disponible, se tramitaron 509 en Aragón, la cifra más baja desde junio de 2008, cuando se presentaron 414. Algo parecido ocurre con las ejecuciones hipotecarias, que también parecen estabilizarse en nuestra Comunidad. Según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el tercer trimestre de 2010 se recibieron 447 por parte de los bancos. Y pese a ser todavía muchas, el número es el más bajo desde septiembre de 2008, cuando se tramitaron 259.

Lo mismo sucede con los procedimientos monitorios, el recurso judicial más sencillo para cobrar deudas entre empresas, siempre con un límite de cantidad. De los 9.456 que se tramitaron en 2007 se pasó a 22.998 en 2009. Pero en el tercer trimestre de 2010, no pasaron de 4.255, la cantidad más discretada desde comienzos de 2008.

Pero no todo son alegrías. Además del embargo de viviendas, la crisis económica también se ha traducido en un aumento de los llamados lanzamientos o desahucios judiciales. A lo largo de 2008, año en que empezaron a dispararse las alarmas, los jueces aragoneses firmaron 877 expedientes. En el ejercicio siguiente, la cifra fue similar: 873. Sin embargo, solo en los tres primeros trimestres de 2010 se habían tramitado 1.026.

La difícil realidad económica del país también ha disparado el trabajo en los juzgados de lo mercantil. De los 36 concursos de acreedores que se plantearon en 2007 en la comunidad autónoma, se pasó a los 230 con que se cerró 2009. El Consejo General del Poder Judicial todavía no ha facilitado la cifra final de 2010, pero en septiembre ya se habían presentado 199, lo que hace prever que por tercer año consecutivo la tendencia continuaría al alza en Aragón.