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Asael pide 300 euros a sus municipios asociados para poder pagar a Hacienda

La entidad convoca para el viernes 26 una asamblea para aprobar su disolución. También solicitará a Política Territorial que encargue una auditoría de las cuentas de 2009.

Asael pide 300 euros a sus municipios asociados para poder pagar a Hacienda
Asael pide 300 euros a sus municipios asociados para poder pagar a Hacienda
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La Asociación Aragonesa de Entidades Locales (Asael) -inmersa en una situación económica más que crítica- va a solicitar 300 euros a todos los municipios asociados (unas 300 entidades) para hacer frente al menos a la deuda contraída con la Seguridad Social y Hacienda. Con esta derrama que se plantea como única solución posible en estos momentos, la entidad podría obtener unos 90.000 euros que solventarían los 70.000 que suman estos pagos pendientes y que son ahora mismo el principal obstáculo para poder obtener ingresos. De hecho, no puede recibir el dinero de los convenios firmados con la DGA y Europa sin tener estos pagos al corriente.

 

Según fuentes consultadas, este será uno de los puntos del orden del día de la asamblea general que se ha convocado para el próximo día 26 en la Ciudad Escolar del Pignatelli y en la que se confirmará ya la disolución de la asociación, que se encuentra en quiebra económica con una deuda de 700.000 euros, según un informe económico-financiero interno.

 

En esa reunión también se abordará otro asunto importante: el encargo de una auditoría externa sobre las cuentas de 2009. Hay que recordar que fue durante el año pasado cuando se inició el proceso de disolución de la entidad, tras las irregularidades detectadas en la gestión del anterior presidente de Asael, el aragonesista Jesús Solá. El ex dirigente -que ayer no atendió a las llamadas de este periódico- tenía coche oficial y pagaba el sueldo de su chófer con fondos de una asociación contra la violencia de género. Esto, unido a su también cuestionada labor en la localidad en la que es alcalde, fue lo que provocó su dimisión en julio. En septiembre, se nombró al nuevo presidente, el alcalde de Quinto, Javier Abenia (PAR). Pero en esos dos meses, la asociación quedó en un vacío de control y gestión.

 

Todo este ejercicio económico será el que se tendrá que analizar al máximo detalle para conocer cuál es la situación real de la asociación. También servirá, según apuntaron distintas fuentes, para depurar responsabilidades y confirmar hasta qué grado se ha podido hacer un uso indebido de fondos.

 

La auditoría se solicitará al Gobierno de Aragón, en concreto al Departamento de Ordenación del Territorio y Política Territorial, cuyo titular es el también aragonesista Rogelio Silva. La consejería deberá decidir si audita directamente las cuentas de la asociación o si, por el contrario, lo encarga a una empresa externa.

Una comisión liquidadora

Otro de los puntos del día de la asamblea (la convocatoria se ha enviado esta semana) será facultar al presidente de Asael para iniciar la gestión de la disolución, un proceso que se augura complicado y que se prolongará varios meses. Para ello, se constituirá, también el próximo viernes, la comisión ejecutiva en comisión liquidadora. Esta tendrá que finiquitar las cuentas de la asociación. Pero la situación es compleja.

 

Asael tiene deudas con los trabajadores (muchos de ellos han presentado ya demandas laborales) por valor de 154.000 euros. Nueve empleados han sido despedidos y tienen pendiente de cobrar su nómina desde el mes de octubre. Además, hay varios proveedores a los que se les debe dinero (68.000 euros), entre los que se incluye el arrendatario de la sede la asociación en la plaza del Pilar, que se abandonó el pasado mes de enero. También se adeudan unos 182.000 euros de proyectos europeos, que algunos socios de la UE ya han comenzado a reclamar, además de los créditos de los bancos acumulados.

 

Y sin pagar a Hacienda y a la Seguridad Social, la entidad no puede obtener ingresos. Además, ni siquiera se han cobrado las cuotas de estos meses a los asociados puesto que Asael ya no presta ningún servicio. En el capítulo de ingresos, las esperanzas están puestas -si se salda la deuda con el Estado- en sendos convenios con el Instituto Aragonés del Agua (105.000 euros) y el Instituto Aragonés de Fomento (60.000), que habrá que justificar. También hay 69.000 euros por percibir de proyectos europeos. En total, unos 234.000 euros.