Los gobiernos de Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha han unido sus voces para avisar al grupo de presión de las compañías eléctricas de que les tienen en frente y para mostrar su apoyo al Gobierno en la defensa del decreto que prima el consumo de carbón autóctono.

Los recursos judiciales planteados por las eléctricas contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno, que han prosperado a nivel europeo y nacional con la paralización cautelar de las ayudas públicas, es visto por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, como un "acto de hostilidad y de enemistad" que la administración que dirige "no olvidará".

En Valladolid se han reunido hoy los consejeros del área económica de las cinco autonomías que tienen minas de carbón para firmar un documento de consenso para defender la redacción de un nuevo Reglamento del Carbón en la Unión Europea que no aboque al cierre a las empresas dedicadas a la extracción de este mineral en 2014.

Era un encuentro previsto con anterioridad a los vaivenes producidos por el enfrentamiento en los tribunales con las empresas eléctricas, pero las paralizaciones cautelares dictadas por los jueces han cambiado el paso de los representantes autonómicos, quienes se han erigido como grupo de presión -lobby- alternativo al que forman las eléctricas.

"Frente al grupo de presión de las eléctricas aquí está el grupo de presión de los ciudadanos y de los trabajadores", ha resumido el representante del Gobierno de Castilla-La Mancha, el consejero Julián Sánchez.