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MEDIO AMBIENTE

Aragón es la segunda comunidad que menos invierte en prevención de incendios

Aragón es la segunda comunidad autónoma que menos invierte en proteger su medio natural frente a los incendios forestales, 9,67 euros por hectárea cuando la media en el resto de las comunidades autónomas es de 32,64 euros, según un informe elaborado por el Justicia de Aragón.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha presentado este lunes un informe especial sobre incendios forestales en Aragón en el que se asegura que esta comunidad es además la que cuenta con un menor dispositivo por hectárea (un efectivo para 1.669 hectáreas forestales), tres veces menos que la media de las comunidades (588 hectáreas/efectivo).

Aunque en el estudio se reconoce el esfuerzo presupuestario de la administración aragonesa en esta materia al duplicarse entre 2003 y 2006 (ha pasado de 12,1 millones a 25), se constata que es uno de los más bajos de España y además, la mayor parte se destina a extinción (cerca del 80%) y el resto a prevención cuando, ha subrayado García Vicente, es mucho más rentable invertir en prevención para evitar las extinciones.

Asimismo, la eficiencia económica ha disminuido, ya que la extinción de cada incendio ha pasado de costar 36.175 euros en 2003 a 60.795 en 2008 (apagar una hectárea en 2003 requería un gasto de 8.155 euros y en 2007 de 13.248), según el Justiciazgo.

El estudio, que ya ha sido remitido al Departamento de Medio Ambiente y se presentará en las Cortes de Aragón, analiza la evolución de los incendios forestales en la Comunidad, que ha sufrido años catastróficos (1980, 1981, 1986, 1991, 1994 y 2009, éste último con 22.000 hectáreas calcinadas) frente a otros con superficies quemadas bajas (1996, 1999 y 2004), y revela que la superficie quemada se concentra en muy pocos incendios.

Así, en la provincia de Teruel, los doce grandes fuegos ocurridos entre 1968 y 2007, aunque suponen sólo el 0,4% de los siniestros, representan el 69 por ciento de la superficie quemada.

El 45 por ciento de los incendios se producen por imprudencias, mientras que el 32 por ciento se deben a causas naturales y el 7 por ciento son intencionados, pero se ha constatado que los intereses urbanizadores o de especulación de la venta de madera están ausentes en Aragón o suponen una parte ínfima de las causas en el conjunto de España.

En ese sentido, el Justicia ha hecho hincapié en que los incendios por negligencias son previsibles y se pueden evitar, con lo que es fundamental informar sobre la práctica de quema de rastrojos, un control urbanístico del monte (evitar casetas, barbacoas y hogueras), establecer sanciones ejemplarizantes y potenciar la sensibilización y formación ambiental.

Para Vicente, es necesario en Aragón un plan forestal en el que específicamente se estudien las zonas de alto riesgo, planes forestales de cada monte, un plan autonómico de áreas cortafuego y un programa de acción de biomasa hasta el 2016.

Respecto a las áreas cortafuego, ha subrayado que deben incluir la doble función de impedir el paso de las llamas y de facilitar el acceso a los incendios, su limpieza y mantenimiento, su conservación mediante el pastoreo y el establecimiento de cultivos ignífugos.

Además, el Justicia cree necesario actualizar el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias para incendios, previendo planes de evacuación en las poblaciones y llevando a cabo simulacros.

En cuanto a la prevención, ha insistido en que se debe fomentar la selvicultura, apoyar la ganadería extensiva, remunerar o incentivar el pastoreo por los cortafuegos, facilitar la actividad a empresas que aprovechen la leña e impulsar la alternancia de cultivos.

Respecto a la extinción, el Justicia considera que se deben unificar los sistemas de comunicación de los equipos, solucionar carencias en autobombas, dotar a los intervinientes de GPS y mejorar la formación y especialización de los medios humanos, y dotarlos de estabilidad.

Además de formar al personal voluntario, que puede contribuir a atajar un incendio de forma rápida y servir de guía a las dotaciones que lleguen de fuera, así como reforzar la figura del director de extinción, facilitar dotaciones básicas a los ayuntamientos, mejorar los accesos, puntos de agua e infraestructuras aeronáuticas, evitar vallados cinegéticos y cierres de caminos y conservar los tendidos eléctricos,

Ante un incendio, ha remarcado García Vicente, es fundamental llegar rápido y tratar de extinguirlo cuando es de pequeñas dimensiones o, en su caso, aislarlo, porque si no se apaga rápidamente "no hay nada que hacer".

En el informe se hace referencia también a la restauración y se apuesta por la creación de un fondo para catástrofes, por la declaración de utilidad pública de los montes incendiados, por un acuerdo interadministrativo y a largo plazo, por esperar a la regeneración del monte (que es más fácil en zonas húmedas, como el Pirineo, y más complicada en las secas, como el Maestrazgo), por la retirada de la madera quemada, por un seguimiento del programa de reforestación y por desarrollar la figura del "Monte protector".

Finalmente, sobre la población, el Justicia defiende que se apoyen las iniciativas que asienten la población (la ganadería extensiva, las prácticas agrícolas y forestales sostenibles y el aprovechamiento de la biomasa forestal como fuente de energía) y por dar ayudas directas o indirectas, como la exención de tasas por aprovechamiento de pastos y leñas.

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