Aragón reclama mayor participación en la creación de las Unidades Judiciales

El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del gobierno aragonés, Rogelio Silva, ha criticado este martes, antes de participar en la Conferencia Sectorial presidida en Madrid por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que en ocasiones el Gobierno «no hace caso» ni «presta mucha atención» a las demandas de las Comunidades Autónomas, en referencia a las peticiones del Ejecutivo aragonés en relación a las competencias sobre el personal no judicial y a la modificación la Ley de Planta y Demarcación.

Si bien el consejero ha destacado «la gran labor» que está desarrollando el Ministerio, ha valorado en ocasiones este departamento adolece de la actitud de diálogo necesaria, puesto que «a veces no prestan mucha atención» a las demandas de los Gobiernos autonómicos, que son «los que están al pie del cañón y viendo todos los problemas que van surgiendo día a día».

Ha subrayado que las Comunidades «quieren tener una mayor participación en la creación de Unidades Judiciales» y en el desarrollo «de la nueva Oficina Judicial», así como en la elaboración de algunos anteproyectos de ley preparados por el Ministerio. «Fundamentalmente al anteproyecto de mediación, que afecta fundamentalmente a la jurisdicción civil y mercantil, y algún otro proyecto», ha precisado.

Así, ha considerado que la reunión de este martes es una oportunidad más para seguir profundizando en las peticiones de los territorios autonómicos y en el caso de Aragón, sobre todo, para seguir dialogando acerca de los temas relacionados con «el personal no judicial», algo que ha considerado «imprescindible» para «implantar la nueva Oficina Judicial».

Además, ha dicho, «hay otro tema que puede afectar a Aragón y es la modificación de la Ley de Planta y demarcación», la cual supondría una nueva organización de la administración de Justicia. En este caso, Silva ha vuelto a pedir al Ministerio respetar "«la peculiaridad» político-administrativa de Aragón ya que, a su juicio, si se modifican los servicios públicos estos «deben adaptarse a las organización que nosotros tenemos».Peculiaridades del territorio

«Evidentemente, Aragón tiene la peculiaridad de las delimitaciones comarcales por las cuales se deben regir los servicios públicos, y que vienen amparadas por los acuerdos políticos y también por todas las leyes que se han aprobado. Y yo entiendo que ante la modificación de un servicio público debe tenerse en cuenta la distribución administrativa del territorio en el que incide», ha argumentado Silva, quien ha subrayado el hecho de que estas disposiciones se incorporaron al documento de conclusiones elaborado en las reuniones mantenidas entre las Comunidades en Cantabria.

Respecto a la modificación de esta ley, Silva ha recordado que es una idea ya prevista «hace tiempo». De hecho, ha referido, «el Ministerio encargó a un grupo de expertos un estudio del cual salieron unas conclusiones que hizo suyas en ese momento, y ahora se plantea la posibilidad de esa modificación». «Estamos hablando de la creación de juzgados de base y de colegiados y evidentemente estos supera lo que es el concepto de delimitación de la Justicia que tenemos en Aragón», ha dicho.

«El problema es que se pretende una organización diferente y esa organización pues entendemos que debe tener en cuenta el territorio, la población y la organización de la CCAA. Por tanto, esa posible ley de planta y demarcación debe tener en cuenta estas consideraciones, sino estarían obviando una realidad que tenemos en Aragón», ha explicado