Aragón tiene en sus manos que los criterios que más justicia hacen con la Comunidad en el actual sistema de financiación autonómica se mantengan en el que se aprobará en los próximos meses. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, aseguró ayer que solo introducirá cambios en el peso que tienen la población, la superficie, el envejecimiento y la dispersión en el momento de repartir el dinero común si hay un acuerdo "unánime" de todas las Comunidades. "Mientras no haya un acuerdo de todos, se mantendrán las variables actuales", aseveró.

El reparto aprobado en el sistema actual, aunque tiene déficits para Aragón, es mucho mejor que el que postulan la mayoría de las comunidades para el sistema que se está negociando estas semanas.

Algunas comunidades están solicitando que se dé todavía más relevancia al número de habitantes de cada autonomía en el momento de decidir cómo se distribuye el dinero común para los servicios públicos (educación, sanidad y servicios sociales). En este sentido, algunos Gobiernos autonomicos pretenden reducir el peso de criterios correctores que se aprobaron en 2001, como el de superficie y envejecimiento (que benefician a Aragón) por otros más "modernos", como el de número de inmigrantes e incluso de menores de edad (aportación del Gobierno de Andalucía). Si se impusiesen estas últimas propuestas, Aragón podría sufrir un descalabro en sus cuentas.

Ante esta situación y antes de que ayer lo anunciase Solbes, el consejero aragonés, Alberto Larraz, ya avisó de que en ningún caso apoyarían cambios en este sentido. Solo si son para mejorar la situación de los criterios que reflejan las peculiaridades de Aragón, lo que a estas alturas parece ya misión casi imposible.

La tesis que defiende el Gobierno de Aragón es que para calcular el dinero necesario para mantener por ejemplo un sistema educativo digno es tan importante valorar cuánta población debe atenderse como en qué extensión debe hacerlo. No tiene el mismo coste dar servicio a la población infantil de Aragón que a otra similar que vive concentrada en un municipio del tamaño por ejemplo de Calatayud. La DGA ya consiguió que en 2001 el Gobierno de Aznar lo tuviese en cuenta (menos de lo deseado pero al menos algo) y ahora no está dispuesta a perder ese reconocimiento que ya tuvo.

Esto no impidió ayer a Solbes decir que, pese a todo, el coste que supone para cada comunidad financiar su sanidad, educación y servicios sociales está "muy vinculado" al número de habitantes de cada territorio.

Para afrontar esta negociación, las diferentes Comunidades están poniendo sobre la mesa nuevos criterios que no se debatieron en la anterior negociación, que finalizó en 2001. Aragón ha optado por una postura conservadora, en cuanto que en la posición oficial que ha enviado al Gobierno central no aporta novedades. Como referente de criterios también asumidos para repartir el dinero tiene a la Unión Europea. En esa institución sí hay más criterios que benefician a Aragón. Por ejemplo, el ser territorio fronterizo.

Alianzas entre Gobiernos

El vicepresidente Solbes -que estuvo acompañado en la rueda de Prensa por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña- hizo alusión a los diferentes frentes que se están configurando en esta fase de negociación. "Hay comunidades con intereses más próximos que otras".

En este sentido, de momento se atisban dos bloques y varias comunidades que aparentemente van por libre. En uno están Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León y, para algunas cosas, Andalucía. En el otro oficialmente están solo Cataluña y Baleares, pero están también acompañadas por Madrid y Valencia.

El problema de Aragón es que es una comunidad con renta de aparentemente rica y a la vez tiene poca población. Así, la DGA comparte las inquietudes del primer grupo sobre la necesidad de criterios correctivos, pero a la vez comparte la exigencia del segundo de que se reduzcan los fondos destinados a mantener los principios de suficiencia y solidaridad.