Aragón perderá dinero si se impone cualquiera de los sistemas de financiación propuestos

Para cambiarlo como algunos están proponiendo, mejor dejarlo como está. La negociación del nuevo sistema de financiación que el Gobierno central tiene intención de iniciar oficialmente en menos de tres semanas está provocando ya una guerra entre comunidades autónomas. De momento, todas las que han hablado han planteado un modelo que a ellas en particular les beneficia, pero que en todos los casos perjudican a Aragón. En concreto, se basan en potenciar aspectos (ya sea la renta, ya sea la población) que sin mecanismos correctores implicarían que Aragón se llevaría menos porcentaje del dinero que se reparte entre las comunidades autónomas que actualmente.

La posición del Gobierno de Aragón, a través de su consejero de Economía, Alberto Larraz, es clara: no se va a admitir que se incremente el peso de ningún criterio que pueda perjudicar a Aragón (como población) sin que se corrija con aspectos como el territorio que ocupa cada una de las regiones. Además, se da por hecho que todo cambio que haya en el sistema de financiación autonómica debe servir para que Aragón acceda a más fondos. Si no, no tiene ningún sentido todo este proceso.

Según ha explicado el consejero Larraz, el Ejecutivo PSOE-PAR no admitirá pactos bilaterales entre el Estado y alguna comunidad autónoma (lo exige para ella Cataluña) que afecten al sistema general y por tanto al resto de comunidades. Así, "cualquier propuesta que se realice debe ser generalizable a todas las Comunidades", señala el consejero.

Esto no quita para que desde Aragón se defienda también el derecho a cierta relación bilateral con el Estado. Así lo dice el Estatuto de Autonomía. Por ejemplo, hay artículos de esta norma que indican que el Gobierno central debe mantener unos niveles de inversión en la comunidad. Cumplir con estas cuestiones no tiene que estar relacionado con la posición de Aragón en el acuerdo que se busque dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera (es el órgano dependiente del Gobierno central en el que se debe cerrar el pacto global).

"En el fiel de la balanza"

En la guerra que ahora comienza, el problema de Aragón es que tiene una posición atípica, que lo sitúa en tierra de nadie. Es decir, Valencia, Cataluña y Baleares piden que la distribución de los fondos que da el Gobierno a las autonomías para su funcionamiento interno se fije de acuerdo a la renta que aportan al Estado. Los nacionalistas catalanes han solicitado oficialmente al Ejecutivo PSOE-PAR que se sitúen a favor de esta propuesta.

Sin embargo, no es evidente que a Aragón le salgan así las cuentas. "Estamos en el fiel de la balanza", explica Larraz. Que cuente la renta puede beneficiar a Aragón, pero siempre que se incluyan cuestiones correctoras. Como siempre han argumentado los políticos aragoneses a los que les ha tocado negociar estas cuestiones, no es lo mismo por ejemplo el coste de asistir sanitariamente a toda la población que hay en Teruel que hacerlo en una provincia con sus habitantes agrupados en una superficie mucho menor.

Tampoco salen los números cuando se hacen las cuentas con el otro gran modelo que hay sobre la mesa. Es normal que Andalucía quiera exigir que el Gobierno central reparta los fondos autonómicos de acuerdo con su población, pero si así fuese sería un tremendo castigo a Aragón, una de las comunidades más despobladas.

A juicio de Larraz, el criterio de población ya tiene un peso "suficiente" y ahora toca introducir otros elementos. El Estatuto de Autonomía de Aragón hace referencia a varios de ellos (los ya citados de superficie, despoblación, envejecimiento, además de los condicionantes que tiene ser un territorio fronterizo y montañoso). La batalla será ahora que el Gobierno los tenga en cuenta.