El Gobierno aragonés va a pedir al Gobierno central la anulación del decreto-ley que autorizó la prolongación del mini-trasvase del Ebro hasta Barcelona, por considerar que ha perdido su vigencia tras el incremento de las reservas hídricas en las cuencas internas catalanas.

Así lo anunció en Calatayud el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, quien mañana presidirá una reunión extraordinaria de su gabinete en la que se acordará oficialmente esta iniciativa de su gobierno. Fuentes del Gobierno aragonés informaron de que, además de solicitar la anulación del decreto-ley por haberse superado la situación hidrológica de emergencia, también va a promover un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3 de dicho decreto, porque entienden que abre la puerta a la compra-venta de derechos de agua en la cuenca del Ebro.

En este caso, las citadas fuentes subrayaron que se trata de una cuestión "de principio", tal y como se hizo ya en otras dos ocasiones por el mismo motivo en 1999 y en 2001, en aquella ocasión por la Ley de Aguas.

Marcelino Iglesias afirmó que prolongar el mini-trasvase hasta Barcelona "ya no es necesario, ya no es urgente, ya tenemos agua suficiente para llegar hasta el momento en que se resolverá un problema estructural que no se soluciona con esta obra, que era transitoria, sino con la desaladora que entrará en funcionamiento dentro de un año".

El presidente reveló que habló con su homólogo catalán, José Montilla, a quien le trasladó su posición al respecto, de que "el propio decreto prevé su anulación si el problema no existe, si la emergencia no existe, como es el caso". "Ya no hay soporte legal para la obra", subrayó Iglesias, quien evitó entrar a opinar sobre las declaraciones del presidente catalán respecto a una posible modificación del decreto de sequía en las cuencas internas de Cataluña, con el fin de mantener las restricciones.

El jefe del Ejecutivo aragonés no entró a opinar sobre si una medida de este tipo podría ir dirigida a mantener la vigencia del decreto-ley que autoriza la conducción de aguas del Ebro hasta Barcelona.

Según Iglesias, "el decreto-ley está hecho antes de que se produzca ningún intento de cambio de las reglas del juego", y afirmó que "tenemos que actuar con las reglas del juego actuales, que son las que están vigentes, no las que pueda haber dentro de unos días o de unos meses".

"Las autoridades estamos obligadas a cumplir la ley, en Aragón y en Cataluña", dijo, y subrayó que "con las normas actuales, si no hay emergencia no hay decreto, si no hay emergencia no hay proyecto, si no hay emergencia es que tenemos agua suficiente y por tanto no es necesario el proyecto de redistribución de aguas en las cuencas internas de Cataluña; esa es la realidad actual y de lo que se vaya a hacer, si se hace, ya opinaremos".