AGUA

Aragón lleva a los tribunales el decreto de sequía de la Generalitat

El Ejecutivo presentará un recurso de inconstitucionalidad al artículo 3 del decreto ley que permite la venta de derechos del agua.

El Gobierno de Aragón encargó a sus servicios jurídicos que recurran e impugnen todos los actos administrativos que se deriven del desarrollo del Decreto-Ley que contempla la prolongación del trasvase del Ebro a Barcelona, por la vía contencioso-administrativa.


Esta decisión fue adoptada por el Ejecutivo autónomo, en su reunión de Consejo de Gobierno, porque el Decreto-Ley "ya no tiene ningún sentido", después de que los embalses que abastecen a Barcelona y su entorno hayan duplicado sus reservas de agua desde que se aprobara ese Decreto-Ley, según manifestó el vicepresidente de Gobierno aragonés, José Ángel Biel, en rueda de prensa.


El responsable político subrayó que la situación de extraordinaria emergencia "se ha superado" y Barcelona y su entorno "tienen agua para muchos meses" y recordó que el propio decreto ley posee una disposición que indica que el Decreto-Ley debe derogarse si desaparece la situación de extraordinaria emergencia.


Biel aclaró que si el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña "no lo entienden así" y el Decreto-Ley no deja de estar en vigor, desde Aragón se recurrirán e impugnarán todos los actos administrativos que se deriven de su desarrollo.


Entre los actos que ya se pueden recurrir se encuentran el convenio firmado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para construir la tubería que permitirá prolongar el minitrasvase y el documento que saca esta obra a información pública.


También recurrirán, si se produjera, la adjudicación de las obras y el resto de actos que se deriven del Decreto-Ley. "Vamos a ir impugnando todo lo que vaya saliendo; no vamos a pasar ni una", manifestó Biel, que agregó que se pedirán las medidas cautelares oportunas.


Recurso de incostitucionaldad


El vicepresidente recordó que también se ha encargado la redacción del recurso de inconstitucionalidad al artículo 3 del Decreto-Ley, que permite la venta de derechos del agua, y anunció que el Gobierno aragonés recurrirá el Decreto de la Sequía de Cataluña de 15 de mayo de 2008, que modifica el de abril de 2007.


En relación con este último, José Ángel Biel mostró su "preocupación" por la actitud del Gobierno catalán, al cambiar el porcentaje en el que se fija el umbral de excepcionalidad respecto a la cantidad de agua embalsada en los pantanos que abastecen de agua a Barcelona y su entorno, pasando del 50 al 58 por ciento, modificación efectuada en el Decreto de la Sequía de 15 de mayo de 2008.


El vicepresidente aragonés criticó la "subjetividad" del Gobierno catalán en la declaración de la situación de sequía. "Eso lo tiene que parar alguien y para eso está la justicia" porque la Generalitat "se ha pasado de vuelta" y ha caído "en un cierto abuso de poder" que "es recurrible" ante los tribunales.


Además, avanzó que esa modificación no ha contado con el informe preceptivo de la Comisión Jurídico Asesora de la Generalitat de Cataluña, lo que podría suponer "un vicio de nulidad" en el citado decreto, agregó el vicepresidente.