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ENERGÍA

Aragón lleva ante el Constitucional la ley de almacenamiento geológico de CO2

La DGA entiende que la norma vulnera las competencias transferidas en materia de energía y minas ya que es el estado el que decide mientras que la Comunidad solo se encarga de las tareas de inspección y supervisión.

El Gobierno de Aragón va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, por considerar que vulnera competencias autonómicas en materia de energía y minas y medio ambiente.

Así lo ha explicado el vicepresidente del Gobierno, José Ángel Biel, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha acordado presentar este recurso.

El Gobierno de Aragón ya trasladó esta cuestión competencial a los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino durante la tramitación del proyecto de ley y en reuniones sectoriales.

El Ejecutivo aragonés entiende que esta ley vulnera competencias autonómicas en materia de energía y minas y en materia de medio ambiente, ya que «se le hurta a la comunidad autónoma la capacidad de decisión en estas materias y, sin embargo, se le atribuyen las funciones de inspección y supervisión, es decir, las tareas que implican gasto y responsabilidad».

En concreto, la Ley reserva para el estado, «de forma injustificada», el otorgamiento de las concesiones de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, y les atribuye a las comunidades autónomas el otorgamiento de los permisos de investigación, la función de inspección, la aprobación del plan de seguimiento y el plan provisional de gestión posterior al cierre, así como la responsabilidad del seguimiento y de las medidas correctoras una vez cerrado un lugar de almacenamiento y hasta la transferencia de responsabilidad.

Para el Gobierno de Aragón, se trata de un asunto importante para la Comunidad dadas las características geológicas del Valle del Ebro y la cercanía de centrales térmicas.

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado a los servicios jurídicos a que estudien la posibilidad de presentar otro recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de medidas urgentes para la corrección del régimen tarifario del sector eléctrico, en el que se modifican las condiciones y retribuciones para las instalaciones fotovoltaicas.

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