Ni Navarra, ni La Rioja, ni Valencia, ni Cataluña. Aragón ha sido la única autonomía del noreste de España que cumplirá la petición del Gobierno central de no bajar los impuestos autonómicos. La decisión política asumida por el Ejecutivo de Marcelino Iglesias la ha plasmado a través de la ley de acompañamiento que ha presentado en las Cortes de Aragón y que se aprobará a finales de diciembre. Y si en esta parte de la Penínula es la única que cumple el mandato de Zapatero, de las seis Comunidades con las que linda, solo una ha asumido una política similar: Castilla-La Mancha. Es justo con Aragón la única que plantea mantener la presión fiscal en su parcela competencial. Si se suma al proyecto de Presupuestos del propio Gobierno central, el resultado será que en Aragón y Castilla-La Mnacha aumentará la presión fiscal mientras el resto del entorno la mantendrán.

En el caso de Aragón, el propio Ejecutivo autonómico explica que ha introducido "medidas de carácter técnico" en su política impositiva pero 2010. Estas actuaciones no buscarían un efecto de fondo de atracción de inversiones sino simplemente actualizar las normas.

Otras autonomías, como Navarra y La Rioja, advierten que buscan justo lo contrario: la competencia desleal de algunas vecinas, en referencia sobre todo al País Vasco, les obliga a bajar impuestos para conseguir atrapar nueva inversión de empresas y que, la que ya tienen, no se fugue. Tal como actúan desde la DGA parece que Aragón no tiene ese tipo de problemas.

"Nuevas tasas"

Las políticas opuestas se evidencian también también por ejemplo con las tasas. El Gobierno de La Rioja ha informado que para no perjudicar más la economía de su Comunidad "ha decidido congelar todas las tasas administrativas en 2010". Frente a este anuncio, la DGA se ha descolgado con el aviso de que "por seguridad jurídica, se enumeran las actividades sobre las que se pueden establecer nuevas tasas". No hay más que echar un vistazo a las nuevas tarifas para evidenciar que los aragoneses deberán pagar más a la DGA en 2010 que en 2009 en concepto de tasas. Incluso, se añaden nuevas tasas.

En cuanto a lo que están haciendo las Comunidades del entorno que obvian el mandato del Gobierno central de no bajar los impuestos autonómicos, Navarra es con diferencia la autonomía que ofrece una reforma fiscal más avanzada. Lo hace además con un pacto en el que ha participado el propio PSOE. Por ejemplo, confían en atraer empresas de otros territorios aumentando bonificaciones a Pymes, micropymes y empresas de "economía social". Además, también aumentan la desgravación por patrocinio, para ganar cuota de la inversión privada con fines benéficos que se reparten las diferentes Comunidades.

Otra Comunidad fronteriza también lleva años introduciendo cambios de calado en su política fiscal para hacerse más competitiva. En este sentido, Cataluña es pionera en la política de atraer inversión a través de medidas fiscales. Destaca entre otras un plan para captar inversión privada para proyectos de jóvenes empresarios a través de bonificaciones fiscales. Según explicó Castells en el pleno en elque defendió la medida, "incorporamos incentivos fiscales en el IRPF para las empresas que necesitan financiar proyectos de pequeña dimensió". "Cataluña es la primera Comunidad que aplica incentivos fiscales de este tipo", aseguró. Esta afirmación puede estar relacionada porque la propia Comunidad de Madrid, gobernanda por el PP, ha copiado esta idea del PSC para intentar atraer nueva financiación a su territorio. Esta comunidad ha dado el paso además de aptrobar una fuerte reducción del impuesto de sucesiones, para hacer frente en este caso a autonomías como Aragón.

En el caso de La Rioja, el Gobierno autonómico propone como novedad para 2010 que quienes tributen en su Comunidad tegan una reducción del 20 % en la cuota del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en algunos supuestos. Además de la congelación de todas sus tasas, han propuesto también medidas referidas a la compra de viviendas.

En el caso de Valencia, igual que Castilla y León, sigue la consigna dada por el PP nacional a todas las autonomías donde gobierna de bajar los impuestos. En el caso de Valencia, se rebaja en un 10 % el tramo autonómico del IRPF a más de 300.000 familias, en la línea de una medida.

En cuanto a Castilla y León, apuesta por rebajar los impuestos a las empresas que inviertan en nuevos sistemas energéticos, lo que se ha entendido como una invitación dirigida al pujante sector de las renovables en el que Aragón tiene una aceptable cuota.