Aragón exportó a Libia 3,7 millones de euros en armas durante 2008

Muamar al Gadafi pactó con Zapatero acuerdos comerciales por valor de 2.000 millones de euros en material de Defensa y del sector aeronáutico durante la última visita a España del líder libio, en 2007. Así lo recogía uno de los cables de Wikileaks remitido por la Embajada estadounidense en Madrid y la propia Moncloa en su día. A raíz de ese acuerdo, en marzo de 2008 salieron de Aragón 3,7 millones de euros en armamento rumbo a Libia, según ha podido saber Heraldo.es

Tras aquella visita, se promulgó la ley 53/2007, que regulaba la exportación de armamento. El artículo 8 afirma que la exportación de materiales de defensa y de doble uso quedará prohibida «cuando existan indicios racionales de que […] puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales».

A juicio del Gobierno español y otros países de la comunidad internacional, Libia encajaba en el perfil de países aptos para recibir armamento. De hecho, en 2004 la UE había levantado la prohibición de vender armas a Libia, tras 18 años de veto. A los ojos de organizaciones no gubernamentales, sin embargo, estas exportaciones eran cuestionables, sobre todo si se tenía en cuenta el historial de Gadafi.

2008, el año con mayores ventas

En 2008 salieron con destino Libia desde España 3,84 millones de euros en armamento, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Todas esas armas se incluyen en la categoría 4, que ampara bombas, torpedos, cohetes, misiles y granadas.

Casi el total de los 3,84 millones de euros en armas que exportó España procedían de Aragón. Según la base de datos de Aduanas, en marzo de 2008 salieron de la Comunidad aragonesa 3,76 millones de euros con el código arancelario 99. Esta exportación no tendría mayor relevancia si fuentes de la Cámara de Comercio de Zaragoza y otras instituciones especializadas en temas relacionados con el desarme y la paz no tuvieran sospechas fundadas de que con ese código se exporta armamento pesado.

«Blanco y en botella», dice Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz e investigadora del Centro de Estudios por la Paz Josep María Delàs. «Las dos cifras son tan parecidas que podemos deducir que las exportaciones de categoría 4 [de toda España] se produjeron en Aragón y que salieron de la empresa Instalaza», continúa la investigadora.

Instalaza S. A. es una de las tres empresas de fabricación de armamento que hay en Aragón, y fabrica productos con fines militares: en su catálogo hay desde armas ligeras hasta granadas, pasando por dispositivos de visión nocturna.

La empresa, en declaraciones a este periódico, ha manifestado que estos datos de exportaciones «son básicamente erróneos», aunque no precisa más. Y apunta que «como no puede ser de otra manera, todas y cada una de las operaciones de exportación que realizamos están sometidas a aprobación por la preceptiva licencia que concede la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU)», órgano que analiza, a través de diferentes criterios, la conveniencia o no de cada exportación.

Tras estos informes de la JIMDDU a los que se refieren desde Instalaza, es la Secretaría General de Comercio Exterior la que autoriza la operación comercial amparándose en la citada Ley 53/2007. Siguiendo este texto legal, la Secretaría de Comercio informaba a finales de febrero que revocaba las licencias vigentes de exportación a Libia «tras los últimos acontecimientos ocurridos». Se trataba de dos licencias de para 1.000 gafas de visión nocturna y 301 accesorios para estas, todo ello por valor de 7,8 millones de euros.

«Tenemos una legislación por la que yo diría que no teníamos que exportar a más de 30 ó 40 países y, sin embargo, lo hacemos a unos 150», alerta Font. Y es que en la 'agenda' de exportaciones de España aparecen, además de Libia, Marruecos, Irán, Angola, Ghana, Sri Lanka, Pakistán… por citar algunos países.

Oscurantismo por norma

El Gobierno ofrece pocos datos sobre la exportación de armamento y el oscurantismo en torno al tema es la norma. «Todo lo que concierne a estos temas está bajo bastante confidencialidad. Todo son secretos oficiales», ha explicado Font. «Nunca coincidirán las estadísticas de la Secretaría de Comercio Exterior con las de Aduanas», continúa, «y tampoco se sabrá nunca qué armas se venden exactamente, solo las categorías, que suelen facilitar las deducciones».

Los datos oficiales, en ocasiones, despistan y no son coherentes. Esto es algo que ha podido confirmar este periódico cuando la Secretaría de Comercio le informó de que las licencias que la JIMDDU concedió en 2008 para exportar a Libia consistieron en nueve unidades de telémetros –dispositivos para medir distancias- y cámaras de visión nocturna. Esos elementos no caben en la categoría 4, que copa la única exportación de 2008 a Libia, y tampoco parece que su valor pueda alcanzar los 3,84 millones de euros que se exportaron en total en ese año.

Este oscurantismo también queda ilustrado en el caso de las ventas a Ghana. El país africano es «el principal receptor de nuestro armamento corto pero nunca aparece como tal en los datos de Aduanas. Sin embargo, todos los años hay partidas del orden de 3,5 a 5 millones de euros de armas de tiro deportivo a Ghana, ¿realmente tanta gente practica el tiro deportivo en ese país?», se pregunta Font.

Las estadísticas de venta de armas de España llevaban más de 30 años a la baja hasta que la década pasada comenzaron a crecer hasta límites insospechados. En 2009, España exportó 1.347 millones de euros en armamento. «El 4% de las armas mundiales son españolas», explica Font. Estas cifras le han valido a España ostentar el dudoso honor de ser el sexto país exportador de armas del mundo. Los cinco primeros puestos los copan unos países que no son, precisamente, del montón, pues se trata de todos los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU.