El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, aseguró que su Gobierno exigirá el cumplimiento del Real Decreto-Ley que regula el abastecimiento de agua a Barcelona y, por tanto, la anulación del trasvase de agua desde Tarragona si la situación de emergencia desaparece como consecuencia de las lluvias.

Así lo indicó Iglesias a los medios de comunicación después de inaugurar en Zaragoza las jornadas "Agua: Economía, Política y Agricultura", que desde este lunes y hasta el próximo 15 de mayo reúnen en la capital aragonesa a expertos internacionales para debatir la gestión sostenible de los recursos hídricos.

El presidente aragonés hizo hincapié en que la Ley "se tiene que cumplir en todos sus extremos" y si en un momento determinado, como consecuencia de las lluvias, la situación de alerta en Barcelona desapareciera, entonces el Decreto y la Ley, "que dice que se pone en marcha (el trasvase) sólo si hay una situación de emergencia", "tendría que entrar en vigor", dijo.

"Las leyes se cumplen, y si no, se va a los tribunales", sentenció Iglesias, al tiempo que recordó que el Real Decreto-Ley prevé "resolver una emergencia" pero con dos condiciones: hasta que se ponga en marcha la desaladora de Barcelona y si se mantiene la situación crítica de abastecimiento hidráulico de la ciudad.

Indicó que el Gobierno aragonés ya está haciendo "un seguimiento de precisión" de cómo están aumentando las reservas de agua en Cataluña, y cuando se salga de "la situación de alarma" se exigirá el cumplimiento de la Ley, porque si "se resuelve el problema la Ley prevé que la obra no se tiene que ejecutar".

"No creo que haya ningún Gobierno que quiera estar por encima de la Ley", y "ni el Gobierno de Aragón ni el Gobierno de España lo van a estar", agregó el presidente.

Compra de derechos

Por otra parte, y respecto a la posibilidad de recurrir el decreto teniendo en cuenta el artículo tercero, que podría permitir la compra venta de derechos del agua del Ebro, Iglesias indicó: "vamos a estar pendientes del informe" (que ha pedido a la Comisión Jurídica Asesora -COJA- del Gobierno aragonés), ya que "el artículo tres es el extremo que más nos preocupaba".

Recordó que "siempre que ha habido un intento de poner en marcha un mercado del agua, tanto en la modificación de la Ley de Aguas de 1999 como en la reforma de la Ley de Aguas de 2001, Aragón recurrió por esta cuestión".

Por ello, insistió en que van a estar pendientes de lo que dicen los informes encargados al respecto, aunque aseguró que Aragón seguirá con "la trayectoria y la coherencia que hemos mantenido siempre en este asunto".

Sobre el informe encargado a la COJA acerca del Real Decreto-Ley que regula el abastecimiento de agua a Barcelona, insistió en que los juristas "siempre han actuado con absoluta libertad, aplicando el máximo de su capacidad" y, por ello, dijo estar convencido de que "en este momento harán absolutamente lo mismo" y "harán un excelente trabajo", que se prevé para dentro de pocos días.

Defendió el trabajo de esta comisión y subrayó que "ningún jurista de prestigio firmaría un informe que va en contra de la ley" y por ello reiteró que confía en la capacidad de unos juristas que "no vienen de este Gobierno, sino que es una Comisión Jurídica Asesora que viene ya de los gobiernos anteriores".

El Justicia sugiere el recurso

Por otro lado, el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Gobierno aragonés que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que autoriza la utilización de aguas del Ebro en Barcelona porque vulnera la Constitución española.

García Vicente ha emitido un Informe sobre la constitucionalidad del Real Decreto-Ley de medidas excepcionales y urgentes para garantizar el abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona.

Las razones que argumenta el Justicia para sugerir un recurso de inconstitucionalidad son la falta del informe preceptivo exigido en el artículo 72.3 del Estatuto de Aragón y el hecho de que el Decreto no justifica ni la urgencia, ni la necesidad, ni la existencia de otras alternativas.

Asimismo, considera que la Ley de 1981 sólo autoriza el trasvase de aguas a Tarragona y que el actual precedente puede afectar a otras situaciones anteriores y a las sucesivas preexistentes.

Por ello, en dicho Informe y en cumplimiento de las facultades que le reconoce la Ley reguladora del Justicia de Aragón en su artículo 27, somete a la consideración de las Cortes de Aragón y del Gobierno de Aragón la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley.

A su juicio, esta norma vulnera el artículo 72.3 en relación con el artículo 19 del Estatuto de Autonomía de Aragón aprobado por Ley Orgánica 5/2007 de 20 abril, el cual exige la emisión, por parte de la Comunidad Autónoma, de un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio.