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POLÍTICA HÍDRICA

Aragón estudiará la sentencia del TS sobre el trasvase del Ebro a Castellón

El Tribunal Supremo pedía al Gobierno central reabrir el debate sobre el trasvase a Castellón de 90 hectómetros cúbicos del Ebro.

El Gobierno de Aragón analizará los efectos que podría tener para la comunidad la sentencia del Tribunal Supremo que exige al Ejecutivo central reabrir el debate sobre el trasvase a Castellón de 90 hectómetros cúbicos del Ebro, con la finalidad de obrar "en consecuencia" una vez conocido su contenido.

Así lo ha afirmado a los medios de comunicación el consejero de Agricultura del Ejecutivo autonómico, Federico García López, tras explicar en las Cortes de Aragón las líneas de actuación que desarrollará su departamento a lo largo de la actual legislatura.

El consejero, quien ha asegurado desconocer el contenido de la sentencia, ha explicado que las manifestaciones hechas este martes por su homóloga de la Comunitat Valenciana, Maritina Hernández, respecto al aval que supone la decisión del Supremo son una "interpretación" sobre una resolución judicial de la que, ha dicho, no tiene hasta el momento una "opinión fundada", al desconocer su contenido literal.

"Evidentemente no tengo una opinión fundada de un tema de la profundidad jurídica que supone una sentencia del Tribunal Supremo, con todos los condicionamientos que haya tenido para pronunciarse", ha afirmado.

Ha explicado que la sentencia será analizada por los servicios jurídicos del Gobierno aragonés "y, en base a eso, el Ejecutivo adoptará las decisiones que sean oportunas", ha subrayado.

Respecto a la posibilidad de que la decisión del Supremo suponga un "peligro" para los caudales del Ebro, ha comentado que el Gobierno aragonés tiene una "línea de defensa" apoyada en el Pacto del Agua, aunque ha admitido que el ámbito judicial "es un ámbito a respetar".

Ha rechazado que esta sentencia pueda poner el peligro el acuerdo de gobernabilidad suscrito por el PP con el PAR, un documento que, según ha afirmado, "está muy asentado y tiene futuro".

"En cualquier caso -ha añadido- este no es un tema político sino jurídico, y como tal debe aceptarse, y alegar lo que se tenga que alegar en su momento en defensa de los intereses de Aragón".

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