El Gobierno central ha hecho pleno con Aragón esta legislatura. Desde que en abril de 2008 tomó posesión, el nuevo Ejecutivo ha usado buena parte de los mecanismos que tiene legalmente a su alcance para vetar de forma expresa varios proyectos de trascendencia para Aragón. Para hacerlo, no ha tenido problemas en obligar al grupo parlamentario del PSOE en el Congreso a votar en contra de una iniciativa de las Cortes de Aragón que tenía el apoyo del PSOE aragonés, ha utilizado a Medio Ambiente para parar una infraestructura clave para Teruel y ha desempolvado una prerrogativa extraordinaria para evitar que se debatiese si se aceleraba el Pacto del Agua. Y todo esto mientras el Ministerio de Fomento sigue sin firmar un acuerdo para liberar los peajes, como ya tienen otras Comunidades, y mientras el Ministerio de Economía y Hacienda continúa sin plantearse siquiera pagar la deuda tributaria con Aragón, a diferencia de lo hecho con otras comunidades.

El problema, además, es que Aragón se ha convertido en una excepción dentro de las comunidades socialistas. La prueba más evidente fue los Presupuestos del Estado. El Gobierno aprobó para Aragón la mayor caída de inversión en toda España. Y solo le acompañaban en la lista de autonomías que perdían dinero comunidades del PP, como Madrid y Canarias. Incluso, hay autonomías populares que están empezando a tener gestos que se niegan a Aragón. Es el caso de Valencia y Castilla y León. En ambas el PSOE cuenta con ganar posiciones en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Como ejemplo de lo que ya no ocurre en Aragón pero sí en otros territorios, en los últimos meses el Gobierno central ha aprobado bajar los precios del AVE a Valladolid mientras se ha negado a hacer lo mismo con los de Zaragoza. O está negociando dar a esa comunidad parte de la gestión del Duero mientras ni se plantea que Aragón tenga algo que decir en la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Este asunto ha sido precisamente uno de los más destacados de las últimas semanas. El PSOE aragonés y el PAR habían planteado en las Cortes de Aragón solicitar el cambio de una ley estatal para que la comunidad tuviese algo más de peso en órganos de decisión de la CHE. Así, con el voto en contra del PP, aprobaron enviar al Congreso de los diputados esa iniciativa. La propuesta se hizo con Aznar en el Gobierno y Zapatero en la oposición.

Durante cuatro años, el PSOE bloqueó su tramitación parlamentaria, pero ahora, un nuevo sistema impuesto por el también socialista y presidente del Congreso, José Bono, ha obligado a tramitarla. El resultado es que, a petición del Gobierno central, el PSOE cambió su posición y votó en contra de la iniciativa de las Cortes de Aragón.

Relacionado también con el agua, el Gobierno central vetó que se tramitase una iniciativa que pedía declarar de tramitación urgente varias obras del Pacto del Agua. Para hacerlo, envió un informe al Congreso de los Diputados denunciando que ejecutar todas esas obras en Aragón iban a suponer un aumento de gasto no asumible para los Presupuestos del Estado. Con ese informe el Gobierno consiguió que ni se votase su toma en consideración.

En infraestructuras, el caso de la Cuenca-Teruel es paradigmático. Es la primera infraestructura viaria que veta el Gobierno central en más de 24 meses con el argumento de que tiene impacto ambiental. En este mismo área, ha forzado en el Senado que se desistiese de solicitar la declaración de interés general para acelerar los desdoblamientos de la N-232 y la N-2.

Pero, además, acumula una larga lista de incumplimientos anteriores. Así, ha habido que pelear en los tribunales el pago de la factura farmacéutica, igual que ocurre aún con la deuda tributaria, entre otros conflictos.