Los aragoneses celebran hoy nuevamente la festividad de San Jorge con la amenaza de los trasvases del Ebro más viva que nunca. El último Día de Aragón con esa situación se produjo en 2003, cuando el PP tenía muy avanzado su proyecto de transferir 1.050 hectómetros cúbicos a Cataluña, Valencia, Murcia y Almería.

Después de una primera legislatura socialista en la que parecía haberse conjugado ese peligro trasvasista, el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero ha vuelto a trastocar una jornada que debería ser exclusivamente festiva al incumplir, con la anuencia de la DGA, sus promesas electorales y su pretendida defensa de una política hidráulica sin nuevas transferencias entre cuencas.

A diferencia de lo que sucedió con el proyecto del PP, el Gobierno aragonés del PSOE-PAR ha renunciado en esta ocasión a movilizar a los ciudadanos. Mientras los regionalistas andan sumidos en la indecisión y la ambigüedad para no ver comprometida su participación en el Ejecutivo, los socialistas asumen la consigna de Ferraz y defienden el trasvase a Barcelona (algunos, como Belloch, reconociendo que lo es y la mayoría negando la evidencia).

Sus argumentos principales son la necesidad perentoria del consumo humano y la urgencia e irremediabilidad del plan pactado bilateralmente, a espaldas del resto de las Comunidades de la cuenca del Ebro, por Montilla y Rodríguez Zapatero.

Menos urgente

Las lluvias caídas en las últimas semanas han aliviado la situación de los embalses del sistema Ter-Llobregat de manera discreta, un 2,16% desde el primero de abril, pero lo suficiente como para alejar mes y medio la previsión inicial que había para iniciar cortes en el suministro urbano del área metropolitana de Barcelona si no se llevase a cabo el trasvase del Ebro u otras medidas alternativas.

El planteamiento de la Agencia Catalana del Agua, ente dependiente de la Generalitat, que ha llevado al Ejecutivo central a decretar por procedimiento urgente la nueva transferencia hídrica desde el Delta, era que a partir del próximo octubre habría que comenzar las restricciones hasta mayo de 2009 -cuando entre en uso la desaladora del Prat- si no se aportaban unos cuatro hectómetros cúbicos extra al mes.

Pero, como ayer publicó el Periódico de Cataluña, los cinco embalses del sistema Ter-Llobregat (Sant Ponç, La Llosa de Cavall, La Baells, Sau y Susqueda) han pasado en tres semanas de tener 125,29 hectómetros cúbicos a 135,68 hectómetros. Las cuencas internas de Cataluña han pasado así de estar a cuatro décimas del nivel de emergencia, fijado en la barrera del 20%, a disponer del 22,56% de su reserva hídrica potencial.

La previsión para lo que resta de mes es de escasas precipitaciones, pero el deshielo hace prever otro aumento de los embalses a expensas de lo que suceda en mayo, uno de los periodos más habituales para la lluvia. Por lo tanto, el periodo de hipotéticos cortes en el suministro a Barcelona será inferior al medio año.

La pregunta es si el Gobierno de España mantendrá su posicionamiento de ejecutar a toda prisa la obra de conducción, que cuesta 180 millones de euros (tanto como el recrecimiento de Yesa) aunque en mayo haya una situación aún más favorable. Si ahora ya resulta económicamente irracional la solución que se ha buscado, ¿se mantendría si incluso ese posible periodo de cortes en el suministro fuera de dos meses?

Otra cuestión evidente es si resulta razonable comenzar las obras con tanta premura (Generalitat y Gobierno central han asegurado que pueden hacerse en seis meses) sin esperar a ver cómo evoluciona el clima en mayo, especialmente ahora que la lluvia ha ofrecido casi dos meses más de margen para tomar una decisión con más detenimiento y estudio.

Visto de otra manera, ¿qué ocurriría con las obras del trasvase si en mayo o junio está garantizado prácticamente el suministro a la capital catalana? ¿Se echarían atrás o proseguiría la construcción de la tubería que tanto ansía el tripartito catalán?