Asturias tiene casi 9.000 grandes dependientes reconocidos, una cifra similar a la registrada en Aragón. Sin embargo, el porcentaje de usuarios que perciben la prestación no es tan parecido. El 62% de los asturianos ya están atendidos, según informa el Principado, mientras en Aragón son el 17%. Extremadura, Andalucía o Navarra son otras de las comunidades que han adelantado a Aragón al dar las prestaciones y servicios. La Ley de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia entró en vigor para todos al mismo tiempo, el 1 de enero de 2007. Sin embargo, en cada comunidad autónoma ha tenido un desarrollo distinto. El resultado hoy es que según el territorio de origen o residencia unos grandes dependientes están atendidos y otros no.

Andalucía ha valorado en torno a los 80% de los solicitantes, pero tiene cerca de 120.000 instancias, según los datos de principios de abril. A mediados del mes anterior, la consejera Micaela Navarro resaltó que más de 30.000 personas en situación de dependencia estaban recibiendo alguna de las prestaciones incluidas en la ley. Navarra fue una de las pioneras en la atención a la Ley de la Dependencia. Sin embargo, Madrid o Baleares tienen menor desarrollo.

Las diferencias se aprecian también en las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de 28 de abril, un total de 7.964 prestaciones conocidas como el sueldo al cuidador, que recoge la ley. Mientras la mayoría se prestan en Andalucía, 4.747, otras comunidades como Madrid no han dado de alta a nadie en la Seguridad Social. Por ejemplo, en Castilla y León solo dos cuidadores del entorno familiar de Ávila perciben esta prestación y lo mismo ocurre en Canarias.

En concreto, en Aragón cobran este sueldo 55 personas: 9 en Huesca, 20 en Teruel y 26 en Zaragoza. En el conjunto del país, de los 7.964 beneficiarios solo 450 son hombre. Más del 48% son menores de 50 años.

Normas distintas

Las diferencias parten del desarrollo normativo que han realizado las comunidades. En este sentido, Aragón aprobó ya en mayo de 2007 la orden de procedimiento, que se modificó después con la sustitución del ex consejero de Servicios Sociales y Familia, Miguel Ferrer, por la actual titular del departamento, Ana Fernández. En noviembre, se aprobó una orden de prestaciones provisional. El director general de Atención a la Dependencia, Luis Bo, destacó este carácter porque todavía no se han alcanzado acuerdos en el Consejo Territorial en el que participan todas las comunidades y el Gobierno central con respecto al copago, que es la parte que corresponde pagar al usuario y a la administración. Por tanto, en Aragón se mantiene el sistema anterior.

Esa asignatura está pendiente desde hace un año así como los criterios mínimos de calidad que tienen que cumplir a los centros. En este sentido, Aragón también está trabajando para avanzar en el desarrollo de los criterios que le permitirán fijar sus exigencias, ya que en estos momentos está vigente una norma de 1992. Es necesario para poder ampliar el número de plazas concertadas con centros privados, una posibilidad que sería nueva para Aragón y que se deja abierta en la última orden. Sin embargo, en muchas otras comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid o País Vasco ya hay convenios.

Aragón está en los primeros puestos entre las comunidades autónomas en el desarrollo de la normativa, lo que no significa que sea en la aplicación. Es al menos la conclusión de Gustavo García, director del Refugio Municipal de Zaragoza, y José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que han elaborado el informe "Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Análisis y Comentarios", editado por Certeza y el Consejo General de Diplomados en Trabajo Social.

Los autores destacan la colaboración que existe en Aragón entre las corporaciones locales y la comunidad autónoma para el desarrollo de la ley, frente a modelos más centralistas. En la elaboración el Plan Individual de Atención (PIA) en Andalucía, Aragón, Castilla y León, La Rioja y País Vasco cuentan con los servicios sociales de base, más próximos al ciudadano, frente a Asturias, Cantabria o Madrid.

Extremadura, por ejemplo, va a ser pionera en la creación de un ente público dedicado a gestionar las competencias en materia de Dependencia. En esta Comunidad, según Europa Press, hay unas 10.000 personas que están recibiendo alguna de las ayudas que contempla la ley, de las que 4.700 son grandes dependientes.