El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá con el Plan Red de Carreteras si las empresas concesionarias lo hacen con la ley de contratos del Estado y con los pliegos de condiciones de la adjudicación.

En su primera intervención en el pleno de las Cortes, a petición del PSOE, el consejero ha subrayado que el plan es "probablemente insostenible" y las dudas sobre su financiación se vieron reforzadas con el informe de Eurostat (oficina estadística europea) en el que se determina que 3 de los 8 sectores en los que está dividido computan como deuda.

Ha resaltado además que las deficiencias técnicas, no solo financieras, son importantes y que las contratistas han sido requeridas para ajustar los proyectos presentados porque 7 no cumplen con las exigencias.

El Plan Red, que prevé una inversión de 640 millones de euros entre 2011 y 2014 y actuaciones de construcción, mejora y mantenimiento sobre más de 2.400 kilómetros de vía autonómicas hasta el año 2048 en régimen de concesión, no tiene "ninguna justificación" en la selección de vías y se ha firmado en 2011, cuando la crisis era ya evidente, ha criticado el consejero.

Además, ha recalcado que Aragón lo que necesita son planes para su desarrollo territorial, y en ese sentido existe unanimidad sobre la ejecución de la Travesía Central del Pirineo, una infraestructura que colocaría a la Comunidad en "primera línea" europea en 2030 y sólo cuesta el doble que el Plan Red.

Sin embargo, ha insistido en que si las adjudicatarias cumplen con sus compromisos el Gobierno cumplirá con el contrato que el anterior Ejecutivo firmó "en un momento inadecuado", aunque tendrá un problema financiero a resolver.

Pero si no lo hacen, ha dicho, el plan se sustituirá por otros métodos destinados a mantener las carreteras, presupuestando cada año las cantidades necesarias para doblar e incluso triplicar las que se destinaron entre 2008 y 2011, sin provocar una "maraña" financiera, administrativa y técnica.

Por contra, el portavoz del PSOE, Javier Sada, ha argumentado que el plan abarca el 45% de las carreteras de Aragón y casi el 80% del tráfico en la Comunidad y que es "estratégico" para el futuro y la vertebración del territorio, y ha instado al Gobierno del PP a no ser "corto de miras" y a retomarlo, para no hurtar al medio rural la posibilidad de dar un salto cuantitativo y cualitativo.

Tras recordar al PP en varias ocasiones que el plan fue aprobado por el Gobierno del PSOE con sus socios del PAR que apoyan al Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi, ha mostrado su preocupación porque, en su opinión, los populares hablan de la Comunidad aragonesa como si sólo fuera Zaragoza y de la Travesía Central del Pirineo, aunque "Aragón este vacío".

Sada ha asegurado que los socialistas están dispuestos a mejorar el plan y a colaborar en la búsqueda de soluciones para que no compute como deuda y ha reclamado al PP que apueste por estas obras y no ponga la contabilidad por delante de intentar "ganar" el futuro de Aragón, más allá de Zaragoza.

Por su parte, Manuel Blasco, del PAR, ha destacado que el plan sigue siendo "válido" porque representa una inversión importante en tiempos de crisis, genera empleo y es esencial para el futuro de Aragón.

Y aunque la situación actual no es la misma que cuando se firmó, ha indicado que la política es el "arte de lo posible", y posible es llegar a un acuerdo sobre este asunto, pero los aragonesistas, ha advertido al PP, no van a renunciar "de ninguna manera" al Plan.

Javier Campoy, del PP, ha criticado la preocupación del PSOE por este plan cuando no se ocupó mejor de las cosas mientras estaba en el Gobierno, ha recordado que su partido advirtió "por activa y por pasiva" de que computaría como deuda y ha remarcado que el problema es que "dinamita" los límites de déficit.

Además, ha tachado de "kafkiano" que el PSOE diga que no se puede tocar la educación, la sanidad o los servicios sociales e hipoteque "acto seguido" la Comunidad para los próximos 38 años con este plan, y ha insistido en que el problema es que ya es época de "vacas gordas" y estas obras llegan en un momento financiero "imposible".

Gregorio Briz, de CHA, ha subrayado que su grupo apuesta por dar una solución a la red mallada estructurante, ha rechazado el plan porque a su entender la colaboración público-privada privatiza servicios públicos y ha pedido explicaciones sobre cómo se van a resolver técnicamente los tres tramos que computan como deuda.

Por su parte, Miguel Aso, de IU, ha recordado que su grupo está en contra del plan porque a su juicio supone un proceso de privatización, para que las constructoras sigan haciendo el "agosto" a costa de las carreteras, y por la dudas que se ciernen sobre los empleados que se dedican al mantenimiento de las carreteras y sobre la deuda.