Al presidente no le gusta comparecer en las Cortes

Ver al presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, en la tribuna de las Cortes resulta cada vez más complicado. Al menos fuera de las preguntas al presidente, a las que debe responder por obligación una vez al mes, y de los debates de investidura y sobre el estado de la Comunidad. Esta actitud, no obstante, se ha convertido en una rutina desde el inicio de esta legislatura, ya que en la anterior, cumplió perfectamente con las peticiones de la oposición. De hecho, incluso se atrevió a acudir al Parlamento aragonés por decisión propia en numerosas ocasiones. Los datos lo demuestran.

En la pasada legislatura, en el mismo periodo en el que nos encontramos ahora, es decir de julio de 2003 a septiembre de 2005, Iglesias fue requerido en el pleno en 12 ocasiones: 4 a petición propia, 7 del PP y 1 de PP y CHA. De todas, satisfizo las suyas, 3 del PP y una de PP y CHA. Esto es, el 66%. En las cuatro restantes, envió a un consejero para que aclarara la información. En concreto, se inhibió para hablar de los presupuestos generales de 2005, del nombramiento de Andrés Cuartero como consejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad, sobre la propuesta de Biel para construir el campo de fútbol en otra ubicación y sobre la propuesta de la Generalitat para el nuevo sistema de financiación autonómica.

Sin embargo, este 66% de comparecencias cumplidas contrasta con solo el 15% de esta legislatura. Iglesias solo ha asistido al Parlamento en tres ocasiones, y por iniciativa propia, y ha delegado en sus consejeros las 16 peticiones restantes. Solo ha hablado del trasvase a Barcelona (solicitado por el PP y, posteriormente, por el propio presidente), del aval a GM y sobre financiación autonómica en un pleno extraordinario. Por el contrario, eludió hablar personalmente de Gran Scala, del decreto para el abastecimiento a Barcelona cuando lo pidió la oposición, de la reforma del sistema de financiación (dos veces), de los presupuestos generales de 2009, de la autovía A-40 Teruel-Cuenca (dos veces), de la plataforma logística de Mallén, de la crisis, del patronato del Archivo de la Corona, de la cumbre hispano-francesa (dos veces), entre otras.

Sin ir más lejos, el pasado jueves no compareció para hablar de los acuerdos alcanzados con el Ministerio de Fomento en julio ni de los presupuestos del Estado. Lo hicieron el consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente, y el de Economía, Alberto Larraz, respectivamente en su lugar.

Pero además de evitar las comparecencias, Iglesias también rechaza debatir sobre determinados asuntos espinosos que la Junta de Portavoces bloquea gracias a la mayoría PSOE-PAR. La Muela es un ejemplo de esto. El PP ha presentado hasta en ocho ocasiones su solicitud para que el presidente valore los acontecimientos ocurridos en La Muela y la actuación de su Gobierno. Y CHA tiene bloqueadas otras dos por esta misma cuestión. Precisamente fue con los nacionalistas con quienes se ha producido el episodio más polémico de lo que llevamos de legislatura.

La Muela, el tema tabú

Se produjo hace dos semanas con los mismos implicados: la corrupción en La Muela y el presidente. Los diputados de CHA le preguntaban sobre los impedimentos que le habían llevado a los grupos que sustentan el gobierno (PSOE-PAR) a rechazar una propuesta de resolución -en el debate del estado de la Comunidad- de condena a la corrupción. Pero el presidente de las Cortes, Francisco Pina, la rechazó porque, según él, en el enunciado de la pregunta existían "juicios de valor".

Les ofreció cambiar el enunciado, pero CHA se negó. Los nacionalistas se marcharon del pleno como medida de protesta el día en el que debían haber pronunciado la pregunta. Y en estas circunstancias, mientras PP y CHA critican a Pina de aplicar "la mordaza", el PSOE advierte de que solo va a aceptar lo que ellos interpreten como "debatir de política y no insultar". IU asegura discrepa del resto de los grupos de la oposición.